AW | 2024 12 11 14:22 | AIRLINES / GOVERNMENT

Argentina continúa juicio por US$ 390,9 millones

La Justicia de Estados Unidos dejó en firme el fallo contra el Argentina por la manera en que se renacionalizó la compañía Aerolíneas Argentinas, intimando al país a abonar casi US$ 400 millones. Es la primera negociación del Gobierno de Javier Milei con un fondo buitre propietario de un fallo a su favor. La Corte del Distrito de Columbia ordenó a Argentina a pagar US$ 390,9 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El beneficiario del fallo es el fondo Titan Consortium, titular del juicio por expropiación de la línea aérea y que en Octubre 2024 había solicitado que se ordene al país a abonar el fallo emitido por el CIADI, el Tribunal de Arbitrajes del Banco Mundial que permanece impago.

Titan le adquirió el caso a Burford Capital el 15 de Marzo de 2018, al redefinir su estrategia contra Argentina y concentrarse en la causa por la renacionalización de YPF en 2012. Burford, a su vez, le había adquirido la causa al tribunal español donde se cursaba la causa por la quiebra del grupo español Marsans en unos US$ 17 millones en 2015, y en consecuencia las acciones que detentaba de la demanda contra Argentina por la renacionalización del 2008, con lo que obtuvo una ganancia de casi 740%. El fondo Titan Consortium, original en las demandas contra la Argentina, obtuvo dividendos por más de 2.270%.

«Más específicamente, Titan dice que los países que se adhieren a la convención están obligados por el tratado a pagar todas las indemnizaciones dictadas en su contra. Pero Argentina no ha pagado lo ordenado por el CIADI. El fallo de CIADI no es apelable y la orden de la Corte es final», explicó el especialista Sebastián Maril, Director de Latam Advisors.

A mediados de Noviembre 2024, los abogados de Argentina y los demandantes habían llegado a un acuerdo sobre los términos y condiciones de la sentencia en el caso de expropiación de Aerolíneas. El acuerdo permitía que la Justicia de Estados Unidos se expida, en lo que se denomina sentencia final, sin pasar por un juicio y que, ante incumplimiento del condenado, «activa de manera directa el inicio de procesos de embargos hasta cubrir el total de la sentencia», explicó Sebastián Maril. La Argentina había rechazado en una primera instancia los argumentos que había presentado Titan Consortium en la causa, pero esa presentación no tuvo efecto positivo y un tribunal estadounidense determinó que la sentencia debía ser ejecutada. Lo que sí debe ocurrir ahora es que, tal como se comprometió, que la Argentina pague lo que está estipulado, aunque para que los tiempos comiencen a correr primero se debe expedir el juez que entiende en la causa, quien debe dar la sentencia final.

Según la interpretación de Sebastián Maril, el fallo muestra que «Argentina continúa pagando caro la incorrecta interpretación de las leyes internacionales y el incumplimiento de contratos firmados con empresas que apostaron por invertir en el país mediante concesiones de servicios públicos y similares. Los contribuyentes han abonado US$ 17.000 millones en fallos adversos y en compensación por la expropiación de empresas. Y aún falta».

Reestatización del grupo Aerolíneas
La reestatización de Aerolíneas Argentinas fue reglamentada por el Gobierno de Cristina Kirchner el 17 de Diciembre de 2008, luego que la Cámara de Diputados convirtiera en ley el pedido de la ahora ex-Presidenta de Estado de avanzar en esta operación bajo la figura de tratarse de empresas de interés público nacional. Abarcaba Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas, Jet Pack, Optar y Aerohanding. El 9 de Enero de 2009 la entonces Primer Mandataria habilitó al Ministerio de Planificación Federal, conducido por Julio de Vido, a que inicie la toma de la compañía, en ese entonces en manos del Grupo Marsans. El 5 de Febrero de 2009 el Gobierno de entonces nombró a Julio Alak como Presidente del Directorio, dando forma a la renacionalización.

El 9 de Enero de 2009 Cristina Kirchner habilitó al Ministerio de Planificación Federal, de Julio de Vido, a que inicie la toma de la compañía, en ese entonces en manos del Grupo Marsans.

En paralelo, el Grupo Marsans, que había iniciado desde 2008 una notable desinversión en Aerolíneas Argentinas, comenzaba a mostrar en Diciembre de 2009 evidentes problemas de continuidad en España. El 22 de diciembre se le retiraba el permiso para operar a Air Comet, la compañía bajo la cual operaba Aerolíneas, y el 20 de abril de 2010 la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) les retiró la licencia para vender billetes de avión por impagos. El Grupo Marsans presentó en Junio de 2010 su solicitud de concurso de acreedores voluntario para todas sus sociedades y el 25 de Junio de 2010 la Justicia española le habilitó el proceso de quiebra. El 2 de Julio de 2010 la Justicia española comenzó un proceso contra el Presidente del grupo, Gerardo Díaz Ferrán, por vaciamiento y lavado de activos, en una investigación que incluía la liquidación de los últimos ejercicios de Aerolíneas Argentinas. La causa comenzó a progresar, y el 3 de Diciembre de 2012 Díaz Ferrán fue detenido, acusado de blanqueo de dinero, declarándose culpable el 2 de Julio de 2015 por la causa Marsans. El fallo incluyó cinco años de prisión efectiva, que se cumplirían en 2020. Al estar procesado, no podía comenzar la causa por la manera en que se reestatizó Aerolíneas Argentinas por parte del Gobierno de Cristina Kirchner, operación por la que no se le abonó. La situación fue detectada por los abogados de Burford, quienes contactaron a Díaz Ferrán en prisión y le compraron los derechos para avanzar con el juicio ante el CIADI.

Pero a solo tres días de haber ganado el juicio ante el CIADI, Burford Capital anunció a la Bolsa de Comercio de Londres que vendía el juicio a inversores privados en unos US$ 107 millones de Dólares, y que se concentraría en la causa por la renacionalización de YPF. Burford explicaba en la comunicación que, habiendo ganado suficiente dinero, y ante la necesidad de derivar capitales a esa otra causa que sería más rentable, elegía desprenderse del caso Aerolíneas Argentinas al no tener la certeza sobre los tiempos en que el tribunal del Banco Mundial resolvería la negativa de Argentina a reconocer la derrota judicial. Esto finalmente ocurrió este Martes 10/12, por lo que Burford perdió dinero al no especular con una solución rápida. Sí fue un mega-negocio para los que le compraron el juicio y confiaron en que el CIADI no tardaría tanto en dejar firme el caso.

Aerolíneas, sued for US$ 390.9 million

Argentina continues lawsuit for US$ 390.9 million

The United States Justice confirmed the ruling against Argentina for the way in which the company Aerolíneas Argentinas was renationalized, ordering the country to pay almost US$ 400 million. It is the first negotiation of the Government of Javier Milei with a vulture fund that owns a ruling in its favor. The Court of the District of Columbia ordered Argentina to pay US$ 390.9 million for the expropriation of Aerolíneas Argentinas. The beneficiary of the ruling is the Titan Consortium fund, holder of the lawsuit for the expropriation of the airline and which in October 2024 had requested that the country be ordered to pay the ruling issued by the ICSID, the Arbitration Court of the World Bank that remains unpaid.

Titan acquired the case from Burford Capital on March 15, 2018, as it redefined its strategy against Argentina and focused on the YPF renationalization case in 2012. Burford, in turn, had acquired the case from the Spanish court where the case for the bankruptcy of the Spanish group Marsans was being heard for about US$ 17 million in 2015, and consequently the shares it held in the 2008 renationalization suit against Argentina, making a profit of almost 740%. The Titan Consortium fund, original in the lawsuits against Argentina, earned dividends of more than 2,270%.

«More specifically, Titan says that countries that adhere to the convention are obliged by the treaty to pay all compensation awarded against them. But Argentina has not paid what was ordered by ICSID. The ICSID ruling is not appealable and the Court’s order is final», explained specialist Sebastián Maril, Director of Latam Advisors.

In mid-November 2024, lawyers for Argentina and the plaintiffs had reached an agreement on the terms and conditions of the judgment in the Aerolíneas expropriation case. The agreement allowed the United States Justice to issue a ruling, in what is called a final judgment, without going through a trial and that, in the event of non-compliance by the convicted party, «directly triggers the initiation of seizure proceedings until the total amount of the judgment is covered», explained Sebastián Maril. Argentina had initially rejected the arguments that Titan Consortium had presented in the case, but that presentation had no positive effect and a US court determined that the judgment should be executed. What must happen now is that, as promised, Argentina must pay what is stipulated, although for the time to start running, the judge who is hearing the case must first issue a ruling, who must give the final sentence.

According to Sebastián Maril, the ruling shows that «Argentina continues to pay dearly for the incorrect interpretation of international laws and the non-compliance with contracts signed with companies that decided to invest in the country through public service concessions and similar. Taxpayers have paid US$ 17 billion in adverse rulings and compensation for the expropriation of companies. And there is still more to come».

Renationalization of the Aerolíneas Group
The renationalization of Aerolíneas Argentinas was regulated by the Government of Cristina Kirchner on December 17, 2008, after the Chamber of Deputies converted into law the request of the now ex-President of the State to advance in this operation under the figure of dealing with companies of national public interest. It included Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas, Jet Pack, Optar and Aerohanding. On January 9, 2009, the then President authorized the Ministry of Federal Planning, led by Julio de Vido, to begin the takeover of the company, then in the hands of the Marsans Group. On February 5, 2009, the Government of the time appointed Julio Alak as President of the Board of Directors, giving shape to the renationalization.

On January 9, 2009, Cristina Kirchner authorized the Ministry of Federal Planning, led by Julio de Vido, to begin the takeover of the company, which was then in the hands of the Marsans Group.

In parallel, the Marsans Group, which had begun a significant divestment in Aerolíneas Argentinas in 2008, began to show evident continuity problems in Spain in December 2009. On December 22, Air Comet, the company under which Aerolíneas operated, had its operating license withdrawn, and on April 20, 2010, the International Air Transport Association (IATA) withdrew its license to sell airline tickets due to non-payment. In June 2010, the Marsans Group filed for voluntary bankruptcy for all its companies, and on June 25, 2010, the Spanish courts authorized the bankruptcy process. On July 2, 2010, the Spanish courts began proceedings against the group’s president, Gerardo Díaz Ferrán, for embezzlement and money laundering, in an investigation that included the liquidation of the last fiscal years of Aerolíneas Argentinas. The case began to progress, and on December 3, 2012, Díaz Ferrán was arrested, accused of money laundering, pleading guilty on July 2, 2015 in the Marsans case. The verdict included five years of effective prison, which would be completed in 2020. As he was under investigation, the case could not begin due to the way in which Aerolíneas Argentinas was renationalized by the Government of Cristina Kirchner, an operation for which he was not paid. The situation was detected by Burford’s lawyers, who contacted Díaz Ferrán in prison and bought the rights to move forward with the trial before the ICSID.

But just three days after winning the ICSID case, Burford Capital announced to the London Stock Exchange that it was selling the case to private investors for around US$ 107 million, and that it would concentrate on the case for the renationalization of YPF. Burford explained in the communication that, having earned enough money, and faced with the need to divert capital to this other case that would be more profitable, it chose to get rid of the Aerolíneas Argentinas case as it was not certain about the time in which the World Bank tribunal would resolve Argentina’s refusal to recognize the judicial defeat. This finally occurred on Tuesday 10/12, so Burford lost money by not speculating on a quick solution. It was indeed a mega-deal for those who bought the case and trusted that the ICSID would not take so long to confirm the case.

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