AW | 2026 05 11 06:33 | AIRLINES / GOVERNMENT

Brasil mayor país del mundo por litigios aéreos

El mercado brasileño lidera las demandas contra las compañías aéreas. Según la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) brasileña abrió una revisión de la normativa de derechos y deberes de los pasajeros para dar mayor claridad y reducir estos conflictos judiciales. El alto volumen de reclamos por atrasos, cancelaciones y equipaje genera costos millonarios para las aerolíneas y reabre el debate sobre la responsabilidad de las empresas ante eventos fuera de su control.

Brasil es el mayor país con reclamos aéreos en el mundo en cuanto a litigios contra compañías aéreas. Según estimaciones de la industria citadas por la Asociación Brasileña de Empresas Aéreas, el país concentra alrededor del 98,5% de las acciones judiciales contra compañías aéreas en el mundo. La misma entidad estima que el escenario genera costos anuales cercanos a R$ 1.000 millones de Reales en litigios e indemnizaciones, con más de 400.000 procesos en tramitación desde el crecimiento exponencial registrado a partir de 2020.

El volumen de reclamos judiciales contra compañías aéreas por demoras, cancelaciones, pérdida de equipaje y cambios operativos convirtió a la judicialización en un factor estructural de costos para el sector y abrió una discusión regulatoria que involucra a la Agência Nacional de Aviação Civil de Brasil, la Justicia y las líneas aéreas. La comparación internacional muestra la magnitud del fenómeno. Datos sectoriales divulgados en Brasil señalan que el país registra una acción judicial cada 227 pasajeros, mientras que en Estados Unidos la relación sería de una demanda cada 1,2 millón de pasajeros. Esa diferencia alimenta el diagnóstico de que la judicialización dejó de ser una vía excepcional de reparación para transformarse en un componente permanente del negocio aerocomercial.

El fenómeno tiene varias explicaciones. Una de ellas es el peso del Código de Defensa del Consumidor, considerado más favorable para el pasajero y utilizado con frecuencia en reclamos contra aerolíneas. También inciden el acceso relativamente simple y de bajo costo a los juzgados de menor instancia, la posibilidad de iniciar demandas sin grandes barreras y una cultura de litigio extendida ante incidentes operativos.

A ese contexto se suman problemas propios de la operación aérea. En temporada alta, durante eventos masivos como Carnaval o en períodos de lluvias intensas, las demoras, cancelaciones y reprogramaciones pueden multiplicarse. En esos casos, muchos pasajeros recurren directamente a la vía judicial, incluso cuando la alteración del vuelo responde a condiciones climáticas, restricciones operativas o circunstancias fuera del control de la compañía.

El impacto económico preocupa a las empresas. La judicialización representa cerca del 3% del costo de los pasajes aéreos en Brasil, según declaraciones del Presidente de la ANAC, Tiago Faierstein. El funcionario advirtió que el volumen de acciones afecta la estructura de costos de las compañías y también puede desalentar el ingreso de nuevos operadores al mercado brasileño.

Frente a ese escenario, la ANAC abrió una consulta pública para actualizar la Resolución 400, norma que regula los derechos y deberes de los pasajeros en el transporte aéreo. La propuesta apunta a dar mayor claridad sobre las reglas de asistencia en casos de atrasos y cancelaciones, reducir interpretaciones divergentes y disminuir la cantidad de conflictos judiciales. Uno de los puntos centrales de la revisión es diferenciar la asistencia material al pasajero de la responsabilidad civil por daños. El debate regulatorio busca dejar establecido que la obligación de brindar información, alimentación, hospedaje o reacomodación no implica necesariamente que la aerolínea deba pagar una indemnización automática, en especial cuando el problema se origina en causas de fuerza mayor.

La propuesta también se alinea con el Código Brasileño de Aeronáutica, que contempla criterios específicos para situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Entre los ejemplos aparecen condiciones meteorológicas severas, falta de infraestructura para aterrizajes, restricciones operativas imprevistas o emergencias sanitarias. Para la ANAC, la falta de una distinción clara entre asistencia e indemnización generó inseguridad jurídica y estimuló demandas masivas. La discusión, sin embargo, no está exenta de tensiones. Organismos de defensa del consumidor y representantes legales cuestionan que una norma administrativa pueda limitar derechos previstos en el Código de Defensa del Consumidor. Las aerolíneas, en cambio, sostienen que la actualización es necesaria para evitar condenas automáticas y dar previsibilidad al sistema.

En paralelo, la Justicia brasileña también empezó a marcar límites. Una decisión de la 4ª Sala del Superior Tribunal de Justicia estableció que un atraso o cancelación de vuelo no genera, por sí solo, derecho automático a una indemnización por daño moral. Bajo ese criterio, el pasajero debe probar que sufrió un perjuicio efectivo que supere el mero disgusto o inconveniente cotidiano.

La Corte Suprema también intervino en el debate al suspender procesos vinculados con la responsabilidad civil de aerolíneas por atrasos y cancelaciones derivados de caso fortuito o fuerza mayor, hasta una definición final sobre la materia. Luego aclaró que esa suspensión no alcanza a casos de fallas atribuibles directamente a las empresas.

El nuevo escenario puede modificar la forma en que se tramitan los reclamos en Brasil. Si se consolida la exigencia de probar el daño moral, las demandas basadas solo en la existencia de una demora o cancelación podrían perder fuerza. Para las compañías aéreas, eso abriría una etapa de mayor previsibilidad. Para los consumidores, el desafío será demostrar de manera concreta el impacto del incidente sufrido. La discusión de fondo es cómo equilibrar la protección del pasajero con la sostenibilidad operativa del transporte aéreo. Brasil busca mantener derechos básicos, como la asistencia ante interrupciones de viaje, pero al mismo tiempo evitar que cada alteración operativa derive automáticamente en una compensación judicial.

El resultado de la revisión regulatoria y de las definiciones judiciales será clave para el sector. Si logra reducir la litigiosidad sin debilitar la protección del usuario, Brasil podría aliviar costos, mejorar la previsibilidad para las aerolíneas y favorecer un mercado más competitivo. Pero si el nuevo marco es percibido como un recorte de derechos, la discusión podría trasladarse nuevamente a los tribunales.

PUBLISHER: Airgways.com
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