AW | 2026 08 03 06:42 | AIRLINES / GOVERNMENT

Gobierno argentino presenta estrategia judicial por nacionalización

El Gobierno de la República Argentina se encuentran enfocados para presentar una estrategia en los próximos días para evitar el desembolso de más de US$ 390 millones de Dólares, observando como referencia el juicio ganado en YPF un precedente de éxito.

La Argentina se encuentra preparando la estrategia judicial que utilizará en los próximos días en el marco del juicio en los Estados Unidos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, con el objetivo de revertir el último fallo que le ordenó pagar más de US$ 390 millones de Dólares en compensaciones por la decisión que se tomó durante la Administración de la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

A la defensa en cuestión, que deberá ser presentada en el corto plazo, la está diseñando el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a la Secretaría Legal y Técnica, María Ibarzábal. El escenario más probable es que el Poder Ejecutivo recurra a la Corte Suprema de Estados Unidos para solicitar la suspensión de la pena dictada por la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia. Fue ese tribunal de Washington el que rechazó el recurso que había interpuesto la Argentina y dejó así firme la condena a favor de Titan Consortium, el fondo que actualmente reclama el dinero.

Sin embargo, las autoridades nacionales aseguran que ir a la Corte no es la única alternativa y que existen otras herramientas legales que también están evaluando. De hecho, la Casa Rosada está elaborando una estrategia amplia que permanece bajo un estricto secreto para evitar que la parte demandante tenga tiempo de contrarrestarla. Otra de las posibilidades que está manejando el equipo de Sebastián Amerio es la de pedir una revisión del fallo ante la misma Cámara de Apelaciones. De todas formas, si bien existe una fecha límite para actuar antes de tener que abonar la millonaria cifra, todavía quedan varios días más para planificar la defensa.

Caso YPF
El procurador del Tesoro viene, junto con la Secretaria Legal y Técnica, de conseguir un importante triunfo en un juicio similar por la expropiación de la compañía de hidrocarburos YPF. A principios de Junio 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria que había solicitado Burford Capital y, de esta manera, favoreció a la Argentina y le evitó tener que pagar US$ 18.000 millones de Dólares.

Las autoridades nacionales ven en esa victoria un precedente favorable para el país y un ejemplo a replicar ahora: “Es el mayor juicio de la historia ganado por un Estado”, destacan los que participaron del proceso.

El caso por Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas comenzó poco después del 2008, cuando la entonces Presidenta Cristina Kirchner logró aprobar en el Congreso una ley para nacionalizar ambas compañías, que estaban hasta ese momento en manos del grupo español Marsans. En una primera instancia, el grupo damnificado protestó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el Tribunal Arbitral del Banco Mundial.

En 2017, el CIADI resolvió a favor de la firma europea y estableció una compensación de US$ 320 millones de Dólares más intereses, aunque nunca llegó a recibir ese pago y transfirió los derechos del litigio a Burford Capital, el fondo británico que también litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF. Sin embargo, el bufete vendió posteriormente esos derechos a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa en Washington el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral.

Finalmente, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la obligación de pagar más de US$ 390,9 millones de Dólares, lo que representa una de las condenas económicas más elevadas que enfrenta actualmente el Estado argentino en tribunales internacionales. Durante los 16 meses previos a la confirmación del fallo, el Gobierno no pagó ninguna suma de la condena y es por eso que Titan Consortium aceleró su ofensiva judicial.

El trasfondo económico del conflicto remite al estado financiero de Aerolíneas y Austral antes de su estatización. Marsans había adquirido ambas compañías en 2001 por el valor simbólico de un Dólar.

La aerolínea sigue operando sin complicaciones, pues el juicio es contra el Estado y no contra la compañía aérea. Desde ese momento, el Tesoro de España tuvo que aportar aproximadamente US$ 750 millones de Dólares para sostener a las dos empresas, que acumulaban pasivos cercanos a US$ 890 millones de Dólares.

Durante la gestión de Marsans, se vendieron activos relevantes, como oficinas en ciudades clave como Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas, además de simuladores de vuelo, y se eliminaron rutas hacia Europa.

Con el cambio de Gobierno a nivel local, la compañía aérea comenzó una etapa de saneamiento y logró registrar ganancias durante dos años seguidos, además de operar sin aportes del Tesoro.

De todos modos, el Gobierno de Javier Milei plantea la privatización de la firma, algo que por lo pronto no pudo conseguir en el Congreso. Al inicio del mandato, de hecho, durante la discusión de la Ley Bases, la empresa se incluyó en la lista de bienes del Estado que serían vendidos, pero la oposición obligó a que sea retirada.

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