AW | 2022 07 22 16:26 | GOVERNMENT / AIRLINES

Tribunal confirma aprobación de inyección capital público

El 22 de Junio de 2022, el Tribunal General de la Unión Europea (UE) confirmó la legalidad de la Decisión de la Comisión Europea de 9 de junio de 2020 por la que se aprueba la recapitalización pública de Finnair por un importe de unos € 500 millones de Euros.

En Junio de 2020, el Gobierno de Finlandia notificó a la Comisión una ayuda para proyectos en forma de recapitalización por un importe de entre € 499 y 512 millones Euros. El objetivo era garantizar la viabilidad de la aerolínea finlandesa, que se enfrentaba a importantes dificultades financieras debido al impacto del brote de COVID-19. El 9 de Junio de 2020, la Comisión declaró la ayuda compatible sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE de conformidad con el «Marco temporal para las medidas de ayuda estatal en apoyo de la economía en el actual brote de COVID-19».

Recurso de Ryanair

Esta decisión fue impugnada por Ryanair ante el Tribunal General de la UE el 30 de Octubre de 2020. En apoyo del recurso, la demandante invocó cuatro motivos. En primer lugar, Ryanair alegó que la Comisión aplicó incorrectamente el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), y aplicó incompletamente el Marco Temporal. En segundo lugar, Ryanair alegó que la Comisión había violado disposiciones específicas del TFUE y los principios generales del Derecho europeo relativos a la prohibición de discriminación, la libre prestación de servicios y el libre establecimiento. En tercer lugar, Ryanair alegó que la Comisión no incoó un procedimiento de investigación formal y violó los derechos procesales de la demandante. En cuarto lugar, Ryanair alegó que la Comisión había violado su deber de motivación.

Sentencia del Tribunal General

En primer lugar, Ryanair consideró que la decisión de la Comisión violaba sus derechos procesales basados en el artículo 4 del Reglamento 2015/1589. En su tercer motivo, en el que Ryanair se refería a sus motivos primero y segundo, se desarrollaron seis partes.

Ryanair alegó que la Comisión no había demostrado que la medida controvertida sirviera para remediar una perturbación grave de la economía finlandesa. En su fallo, el Tribunal declaró que el artículo 107.3,b) no exige que la ayuda sea capaz de remediar la grave perturbación de la economía.

Ryanair alegó asimismo que la medida controvertida se apartaba de determinados requisitos establecidos en el punto 3.11 del Marco Temporal, a saber, el requisito de que las medidas individuales de recapitalización deben incluir un mecanismo de intensificación que aumente la remuneración del Estado para incentivar al beneficiario a recomprar las aportaciones de capital del Estado y una medida que prohíba a los beneficiarios adquirir una participación de más del 10% en empresas competidoras vinculadas al reembolso del 75% de la medida de ayuda. Por otra parte, la Comisión y Finlandia alegaron que determinadas circunstancias específicas justificaban la no aplicación de estos requisitos.

El Tribunal General consideró que el punto 61 y el punto 3.11.7 del Marco temporal no eximen a la Comisión de la obligación de evaluar si el mecanismo de intensificación es adecuado dadas las circunstancias. En el caso de autos, el Tribunal General concluyó que el mecanismo de intensificación no era adecuado. En efecto, habida cuenta de las características muy particulares de la medida controvertida, la obligación de Finlandia de vender la participación en el capital adquirido en virtud del mecanismo de intensificación habría dado lugar a un cambio en la estructura de capital del beneficiario, que va más allá del objetivo del mecanismo de aumento establecido en los puntos 61 y 62 del Marco temporal. A la luz de la excepción de la Comisión a la prohibición de adquisición establecida en el punto 74 de las Directrices temporales, el Tribunal de Justicia aceptó la alegación de la Decisión impugnada por la que se determinaba que la medida vinculada al reembolso del 75% de la medida de ayuda no era adecuada, ya que el Estado miembro de que se trata estaría obligado a reducir su participación en el capital del beneficiario a un nivel anterior a la COVID-19.

Ryanair consideró que la Comisión tenía la obligación de sopesar los efectos positivos esperados de la medida frente a los efectos adversos entre los Estados miembros. En su sentencia, el Tribunal General desestimó la alegación de la demandante. Consideró que tal obligación no puede deducirse de la naturaleza de las ayudas compatibles ni puede derivarse de las Directrices temporales.

La compañía irlandesa alegó que la Comisión incurrió en un error de apreciación del importante poder de mercado de Finnair. En su motivo, la demandante sostuvo que el nivel de congestión en el aeropuerto de Helsinki y el número de franjas horarias no dicen nada sobre un peso significativo en el mercado. Utilizó principalmente el hecho de que el 68,4% de todos los pasajeros que salían y llegaban al aeropuerto de Helsinki en 2019 eran transportados por Finnair. El Tribunal General rechazó este argumento afirmando que [la cuota de tragamonedas de Finnair no es suficiente para perturbar los diversos mercados de oferta y demanda hacia o desde el aeropuerto de Helsinki, ya que sigue habiendo un gran número de franjas horarias disponibles. Además, Ryanair también argumentó que el control estatal sobre el Gerente del Aeropuerto de Helsinki, Finavia, desalentó a Finavia a cooperar con aerolíneas de bajo costo en el desarrollo de aeropuertos regionales. El Tribunal General también desestimó esta alegación, al considerar que no era pertinente para el litigio de que se trata.

Ryanair también alegó que la Comisión aplicaba un trato diferente a las compañías aéreas en una situación similar que explotaban rutas con origen o destino en Finlandia al favorecer a Finnair sin justificación objetiva y, por lo tanto, violó el principio de no discriminación. Sin embargo, el Tribunal General consideró que la ayuda de que se trata tenía un objetivo legítimo y era necesaria, adecuada y proporcionada para alcanzar dicho objetivo.

Además, la demandante alegó que la medida de ayuda vulneraba la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento. A este respecto, el Tribunal General concluyó que Ryanair no identificó los elementos de hecho o de Derecho que harían que la ayuda produjera un efecto restrictivo de las libertades. En efecto, Ryanair no demostró cómo el carácter exclusivo de la ayuda podía disuadir a las compañías aéreas de establecerse en Finlandia o de prestar servicios desde ese país o hacia él.

Por último, la low cost Ryanair alegó que la Comisión no respetó la obligación de motivación, alegando que la Comisión no aportó un razonamiento suficiente o convincente en diferentes materias. Sin embargo, el Tribunal General concluyó que la Comisión había presentado un razonamiento suficiente en la Decisión impugnada o no estaba obligada a presentar ninguno. Sobre esta base, el Tribunal General desestimó el recurso de Ryanair y confirmó la legalidad de la decisión de la Comisión por la que se autorizaba la ayuda en favor de Finnair sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra b), de conformidad con el Marco Temporal, por lo que no infringía el Derecho europeo.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en el transporte aéreo en Europa, colocando así a la gran mayoría de las compañías aéreas, los operadores de asistencia en tierra y los aeropuertos en serias dificultades financieras. Con el fin de mitigar los efectos negativos de la crisis, la Comisión aprobó rápidamente, en condiciones favorables, numerosas medidas de ayuda notificadas por los Estados para sus compañías aéreas. De hecho, desde el comienzo de la crisis del coronavirus, la Comisión ha aprobado más de 50 regímenes de ayuda y ayudas individuales para el sector de las compañías aéreas sobre la base del Marco temporal para Deutsche Lufthansa, Brussels Airlines, airBaltic y Finnair; como compensación por los daños causados por COVID-19 para las aerolíneas suecas, las aerolíneas francesas y Condor; en forma de ayuda de salvamento para TAP y SATA Airlines; y sobre la base del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE para SAS y Blue Air. Ryanair interpuso recursos contra casi todas las decisiones de la Comisión por las que se autorizaban ayudas estatales a las compañías aéreas.

La sentencia en este caso confirma el amplio margen de maniobra de la Comisión Europea para determinar las condiciones de compatibilidad de las ayudas en relación con la pandemia. Al igual que en la presente sentencia, el Tribunal General no siguió el razonamiento de Ryanair en la mayoría de los recursos de casación. Ryanair solo ganó tres asuntos ante el Tribunal General. En estas sentencias, recordemos que el Tribunal General consideró que la falta de motivación constituía el mayor riesgo de anulación en este tipo de asuntos debido al considerable número de ayudas relacionadas con la pandemia notificadas a la Comisión y, excepcionalmente, el Tribunal General había suspendido los efectos de su anulación a la espera de la adopción de nuevas decisiones. La Comisión había aprobado de nuevo en cuestión de semanas la misma ayuda en favor de KLM Airlines, TAP Air Portugal y Condor Airlines.

El Tribunal General aún no se ha pronunciado sobre una serie de recursos de Ryanair contra las decisiones de la Comisión por las que se autorizan ayudas individuales a Air France, Lufthansa Airlines, Brussels Airlines, Nordica, Condor Airlines, airBaltic, KLM Airlines, TAP Air Portugal y Croatia Airlines. Cabe señalar que, en sus últimos recursos, Ryanair había desarrollado nuevos argumentos de anulación, haciendo hincapié en la violación de los principios generales de liberalización del transporte aéreo y en la obligación de la Comisión de incoar un procedimiento de investigación formal. Sin embargo, estos nuevos motivos no prosperaron.

La ayuda en cuestión no fue la única concedida a Finnair durante el brote de COVID-19. Antes de la medida de recapitalización aprobada en Junio de 2020, la Comisión había autorizado el 19 de Mayo de 2020 una garantía estatal para un préstamo a Finnair. Esta decisión también fue impugnada por Ryanair ante el Tribunal General, que desestimó este recurso en su sentencia de 14 de Abril de 2021. Sin embargo, estas medidas públicas no fueron suficientes para que Finnair superara sus dificultades financieras causadas por la crisis de la COVID-19. Las autoridades finlandesas notificaron una medida de ayuda adicional en forma de préstamo híbrido de € 351,38 millones Euros para compensar los daños sufridos por Finnair entre el 16 de Marzo y el 31 de Diciembre de 2020 sobre la base del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE. La ayuda fue aprobada el 12 de Marzo de 2021. Las autoridades finlandesas notificaron otra medida de ayuda en la misma forma por un importe de € 48,6 millones de Euros. Esta ayuda fue aprobada el 10 de Febrero de 2022.

Finnair public recapitalization

Court confirms approval of public capital injection

On June 22, 2022, the General Court of the European Union (EU) confirmed the legality of the European Commission Decision of June 9, 2020 approving the public recapitalization of Finnair for an amount of around € 500 millions of Euros.

In June 2020, the Government of Finland notified the Commission of project aid in the form of recapitalization amounting to between € 499 million and € 512 million. The aim was to ensure the viability of the Finnish airline, which was facing significant financial difficulties due to the impact of the COVID-19 outbreak. On June 9, 2020, the Commission declared the aid compatible on the basis of Article 107, paragraph 3, letter b) of the TFEU in accordance with the «Temporary framework for state aid measures in support of the economy in the current covid-19 outbreak».

Ryanair resource

This decision was challenged by Ryanair before the General Court of the EU on October 30, 2020. In support of the appeal, the applicant invoked four grounds. Firstly, Ryanair claimed that the Commission incorrectly applied Article 107(3)(b) TFEU and incompletely applied the Temporary Framework. Second, Ryanair claimed that the Commission had violated specific provisions of the TFEU and the general principles of European law relating to the prohibition of discrimination, the freedom to provide services and the freedom of establishment. Third, Ryanair argued that the Commission failed to open a formal investigation procedure and violated the complainant’s procedural rights. Fourth, Ryanair claimed that the Commission had breached its duty to state reasons.

General Court Judgment

First, Ryanair considered that the Commission’s decision violated its procedural rights based on Article 4 of Regulation 2015/1589. In its third plea, in which Ryanair referred to its first and second pleas, six parts were developed.

Ryanair argued that the Commission had not shown that the contested measure served to remedy a serious disturbance in the Finnish economy. In its ruling, the Court stated that Article 107.3(b) does not require that the aid be capable of remedying the serious disturbance to the economy.

Ryanair also argued that the contested measure deviated from certain requirements set out in point 3.11 of the Temporary Framework, namely the requirement that individual recapitalization measures must include an escalation mechanism that increases the State’s remuneration in order to encourage the beneficiary to buy back the capital contributions from the State and a measure that prohibits the beneficiaries from acquiring a stake of more than 10% in competing companies linked to the reimbursement of 75% of the aid measure. Furthermore, the Commission and Finland argued that certain specific circumstances justified the non-application of these requirements.

The General Court considered that point 61 and point 3.11.7 of the Temporary Framework do not exempt the Commission from the obligation to assess whether the escalation mechanism is appropriate in the circumstances. In the present case, the General Court concluded that the escalation mechanism was not appropriate. Indeed, given the very particular characteristics of the contested measure, Finland’s obligation to sell the stake in the capital acquired under the intensification mechanism would have given rise to a change in the capital structure of the beneficiary, which goes beyond the objective of the increase mechanism established in points 61 and 62 of the Temporary Framework. In light of the Commission’s exception to the acquisition ban set out in point 74 of the Temporary Guidelines, the Court of Justice upheld the claim in the contested decision that the measure linked to the reimbursement of 75% of the aid measure was not appropriate, as the Member State concerned would be obliged to reduce its participation in the beneficiary’s capital to a pre-COVID-19 level.

Ryanair considered that the Commission had an obligation to weigh the expected positive effects of the measure against the adverse effects between Member States. In its judgment, the General Court rejected the applicant’s argument. It considered that such an obligation cannot be inferred from the nature of the compatible aid, nor can it be derived from the Temporary Guidelines.

The Irish carrier argued that the Commission made a mistake in assessing Finnair’s significant market power. In its plea, the applicant argued that the level of congestion at Helsinki airport and the number of slots do not say anything about a significant weight in the market. It mainly used the fact that 68.4% of all passengers leaving and arriving at Helsinki airport in 2019 were carried by Finnair. The General Court rejected this argument stating that [Finnair’s slot share is not sufficient to disrupt the various supply and demand markets to or from Helsinki airport, as there are still a large number of available slots. Furthermore, Ryanair also argued that state control over Helsinki Airport manager Finavia discouraged Finavia from cooperating with low-cost airlines in the development of regional airports. The General Court also rejected this argument, considering that it was not relevant to the dispute in question.

Ryanair also claimed that the Commission treated similarly situated airlines operating routes to and from Finland differently by favoring Finnair without objective justification and thus breached the principle of non-discrimination. However, the General Court found that the aid in question had a legitimate objective and was necessary, adequate and proportionate to achieve that objective.

Furthermore, the applicant argued that the aid measure infringed the freedom to provide services and the freedom of establishment. In this respect, the General Court concluded that Ryanair failed to identify the factual or legal elements that would make the aid have a restrictive effect on freedoms. Indeed, Ryanair did not demonstrate how the exclusive nature of the aid could dissuade airlines from establishing themselves in Finland or from providing services to or from that country.

Finally, the low cost airline Ryanair argued that the Commission did not respect the obligation to state reasons, alleging that the Commission did not provide sufficient or convincing reasoning in different matters. However, the General Court concluded that the Commission had presented sufficient reasoning in the contested decision or was not required to present any. On this basis, the General Court dismissed Ryanair’s appeal and upheld the legality of the Commission’s decision authorizing the aid in favor of Finnair on the basis of Article 107(3)(b) in accordance with the Temporary Framework, so it did not infringe European law.

The COVID-19 pandemic has had a major impact on air transport in Europe, thus placing the vast majority of airlines, ground handling operators and airports in serious financial difficulties. In order to mitigate the negative effects of the crisis, the Commission quickly approved, on favorable terms, numerous aid measures notified by the States for their airlines. In fact, since the beginning of the coronavirus crisis, the Commission has approved more than 50 aid schemes and individual aid for the airline sector on the basis of the Temporary Framework for Deutsche Lufthansa, Brussels Airlines, airBaltic and Finnair; as compensation for damages caused by COVID-19 for Swedish airlines, French airlines and Condor; in the form of rescue aid for TAP and SATA Airlines; and on the basis of article 107, paragraph 2, letter b), of the TFEU for SAS and Blue Air. Ryanair brought appeals against almost all Commission decisions authorizing state aid to airlines.

The ruling in this case confirms the wide margin of maneuver of the European Commission to determine the compatibility conditions of the aid in relation to the pandemic. As in the present judgment, the General Court did not follow Ryanair’s reasoning in most of the appeals. Ryanair only won three cases before the General Court. In these judgments, let us recall that the General Court considered that the lack of reason constituted the greatest risk of annulment in this type of case due to the considerable number of aids related to the pandemic notified to the Commission and, exceptionally, the General Court had suspended the effects of its annulment pending the adoption of new decisions. The Commission had again approved in a matter of weeks the same aid in favor of KLM Airlines, TAP Air Portugal and Condor Airlines.

The General Court has not yet ruled on a series of appeals by Ryanair against Commission decisions authorizing individual aid to Air France, Lufthansa Airlines, Brussels Airlines, Nordica, Condor Airlines, airBaltic, KLM Airlines, TAP Air Portugal and Croatia Airlines. It should be noted that, in its latest appeals, Ryanair had developed new arguments for annulment, emphasizing the violation of the general principles of liberalization of air transport and the obligation of the Commission to open a formal investigation procedure. However, these new reasons did not prosper.

The aid in question was not the only one granted to Finnair during the COVID-19 outbreak. Before the recapitalization measure approved in June 2020, the Commission had authorized on May 19, 2020 a state guarantee for a loan to Finnair. This decision was also challenged by Ryanair before the General Court, which dismissed this appeal in its judgment of April 14, 2021. However, these public measures were not enough for Finnair to overcome its financial difficulties caused by the COVID-19 crisis. 19. The Finnish authorities notified an additional aid measure in the form of a hybrid loan of € 351.38 million Euros to compensate the damages suffered by Finnair between March 16 and December 31, 2020 on the basis of Article 107, paragraph 2, letter b) of the TFEU. The aid was approved on March 12, 2021. The Finnish authorities notified another aid measure in the same way for an amount of € 48.6 million Euros. This aid was approved on February 10, 2022.

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AW | 2022 07 22 11:47 | AIRLINES / GOVERNMENT

Administrador pide quiebra Grupo Itapemirim

Las empresas que gestionan judicialmente el Grupo Itapemirim en su proceso de recuperación judicial se han declarado en quiebra de la empresa de transporte. EXM Partners y el bufete de abogados Mandel Advocacia presentaron la demanda ante el Tribunal de Justicia de São Paulo el Viernes 15/07. El Administrador califica el proceso de recuperación de la empresa como conflictivo desde su nacimiento y un completo caos y cita que las bolsas de control bursátil entre Sidnei Piva, ausente desde Febrero 2020, y Camila de Souza Valdívia invalidaron los intentos de hacer una gestión profesional de la empresa. Además, los dos recibieron millones de la compañía para negociaciones corporativas y contratos dudosos. También se cita de un número muy alto de incidentes, como la impugnación de pagos que habían sido determinados por la justicia y el retraso de otros pagos, lo que aumentó la deuda del grupo.

Además de acusar a la familia Cola, la antigua empresa matriz del grupo y el ex-Gerente Sidnei Piva, son acusados de utilizar los recursos de la compañía para su propio beneficio. «Los Rerecoverers se consideraban autorizados para invertir en una aerolínea, nacida de esta iniciativa la trágica historia de ITA Linhas Aéreas, cuya operación duró poco más de seis meses, consumió R$ 42 millones de Reales de recursos del Grupo Itapemirim, dinero que inicialmente pertenecía a acreedores, perjudicó a miles de consumidores y trabajadores, lo que genera, hasta el día actual, inestimable responsabilidad judicial», dice el documento.

Bankruptcy filing Itapemirim

Administrator requests bankruptcy Grupo Itapemirim

The companies that judicially manage the Itapemirim Group in its judicial recovery process have declared bankruptcy of the transport company. EXM Partners and the law firm Mandel Advocacia filed the lawsuit with the Court of Justice of São Paulo on Friday 07/15. The Administrator describes the process of recovery of the company as conflictive since its inception and a complete chaos and cites that the stock exchanges between Sidnei Piva, absent since February 2020, and Camila de Souza Valdívia invalidated the attempts to carry out a professional management of the company. In addition, the two received millions from the company for corporate negotiations and dubious contracts. He also cites a very high number of incidents, such as the challenge of payments that had been determined by the courts and the delay of other payments, which increased the group’s debt.

In addition to accusing the Cola family, the group’s former parent company and former Manager Sidnei Piva, they are accused of using the company’s resources for their own benefit. «The Rerecoverers considered themselves authorized to invest in an airline, born from this initiative the tragic history of ITA Linhas Aéreas, whose operation lasted just over six months, consumed R$ 42 million Reais of resources of the Itapemirim Group, money that initially belonged to creditors, harmed thousands of consumers and workers, which generates, to this day, inestimable judicial responsibility», the document says.

Pedido de falência Itapemirim

Administrador pede falência Grupo Itapemirim

As empresas que administram judicialmente o Grupo Itapemirim em seu processo de recuperação judicial declararam falência da transportadora. A EXM Partners e o escritório Mandel Advocacia entraram com a ação no Tribunal de Justiça de São Paulo na sexta-feira 15/07. El Administrador califica el proceso de recuperación de la empresa como conflictivo desde su nacimiento y un completo caos y cita que las bolsas de control bursátil entre Sidnei Piva, ausente desde Febrero 2020, y Camila de Souza Valdívia invalidaron los intentos de hacer una gestión profesional de a empresa. Além disso, os dois receberam milhões da empresa por negociações societárias e contratos duvidosos. Também são citados um número muito elevado de incidentes, como a impugnação de pagamentos que haviam sido determinados pelos tribunais e o atraso de outros pagamentos, o que aumentou a dívida do grupo.

Além de acusar a família Cola, antiga controladora do grupo e ex-gerente Sidnei Piva, eles são acusados ​​de usar os recursos da empresa em benefício próprio. “Os Recuperadores se consideraram autorizados a investir em uma companhia aérea, nascido dessa iniciativa a trágica história da ITA Linhas Aéreas, cuja operação durou pouco mais de seis meses, consumiu R$ 42 milhões de reais de recursos do Grupo Itapemirim, dinheiro que inicialmente pertencia ao credores, prejudicou milhares de consumidores e trabalhadores, o que gera, até hoje, responsabilidade judicial inestimável», diz o documento.

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