AW | 2019 10 29 14:58 | AIRLINES / GOVERNMENT

Holdouts piden embargos a Aerolíneas pero están acusados de fraude

Dos acreedores que obtuvieron una sentencia favorable en 2006 solicitaron en un tribunal de Nueva York una Orden de Restricción temporal contra Aerolíneas Argentinas para prohibirle transferir cualquier activo. El Gobierno desestimó el pedido y los acusó de fraudulentos. Dos holdouts pidieron a un tribunal de Estados Unidos que congele bienes de Aerolíneas Argentinas, incluidos aviones en el aeropuerto JFK de Nueva York, en un intento por cobrar una sentencia por bonos en default, pero el Gobierno de Argentina pidió que se rechazara el reclamo y la nulidad por fraude de la sentencia porque los acreedores presentaron documentos falsos para justificar la tenencia de los títulos. El caso está en manos de la Jueza Loretta Preska.

Michele Collea y Denise Dussault, dos acreedores que obtuvieron una sentencia a favor en 2006 para cobrar bonos impagos por casi US$ 7 millones, solicitaron en un Tribunal de Nueva York una Orden de Restricción Temporal contra Aerolíneas Argentina para prohibirle transferir cualquier activo e impedir que los aviones salgan del Aeropuerto New York/John F. Kennedy. «Adicionalmente, los acreedores con sentencia buscan una orden de ejecución contra esos activos para satisfacer su sentencia», indica el escrito.

El pedido fue presentado a fines de Septiembre 2019 en la Corte del Distrito Este de Nueva York, y luego fue traslado al tribunal de Preska a pedido de la Argentina. La parte demandada pusieron el foco en el pedido de nulidad por fraude presentado por los abogados del país.

En 2016, los bonistas habían llegado a un acuerdo para cerrar la disputa al sumarse al resto de los holdouts que aceptaron la oferta del gobierno de Mauricio Macri para cerrar los juicios por la deuda en Nueva York y sacar a la Argentina del default. Pero luego ese acuerdo se cayó porque los demandantes no presentaron los certificados correspondientes para poder cobrar, según fuentes oficiales. Ese giro quedó plasmado en un escrito presentado por la Argentina, cinco días después de las presentación de Collea y Dussault, que lleva la firma de Carmine Bocuzzi Jr., uno de los abogados de la firma Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, el estudio que defendió al país en el tribunal del fallecido juez Griesa.

Bocuzzi menciona en ese escrito que la Argentina pidió anular la sentencia a favor de los bonistas. «La moción de la República está respaldada por la declaración jurada de un funcionario bancario de que los demandantes presentaron una declaración de cuenta falsificada a la juez Preska hace unos meses, a fin de demostrar la supuesta tenencia de los bonos. Al ser confrontados, los demandantes redoblaron su fraude, enviando un certificado falso de cuenta bancaria, negándose a admitir cualquier conducta indebida, y amenazando con acciones policiales contra el declarante del banco».

La Banca di Credito Cooperativo Terra Di Lavoro, donde argumentaban tener depositados los bonos, informó que no tenían ningún crédito a nombre de los bonistas. Ahora, para intentar cobrar su sentencia, aun con una acusación de fraude en su contra, los demandantes pidieron a la Justicia que se aplicara el criterio de Alter Ego, y se estipulara que Aerolíneas Argentinas era lo mismo que el Estado nacional, y por lo tanto, que su reclamo los habilita a pedir el embargo de bienes de Aerolíneas. Ya hubo otros intentos similares antes, y fracasaron. «Dos veces antes, otros demandantes han intentado sin éxito hacer lo mismo, incluso en un caso donde los demandantes estuvieron representados por el mismo abogado de ahora», remarca el escrito de Bocuzzi, en referencia a Saul Roffe, representante de los bonistas italianos.

En Aerolíneas Argentinas reforzaron el mismo argumento: «Aerolíneas Argentinas no es lo mismo que el Estado nacional y eso ya ha sido ratificado por la justicia en más de una ocasión», remarcaron.

Preska deberá ahora tomar una decisión respecto del pedido de nulidad por fraude presentado por la Argentina, y también, el del embargo a Aerolíneas solicitado por los demandantes.

Holdouts request embargoes to Aerolíneas

Holdouts request Aerolíneas embargoes but are accused of fraud

Two creditors who obtained a favorable ruling in 2006 requested a Temporary Restraining Order against Aerolíneas Argentinas in a New York court to prohibit transferring any assets. The Government dismissed the request and accused them of fraudulent. Two holdouts asked a US court to freeze assets of Aerolíneas Argentinas, including airplanes at the JFK airport in New York, in an attempt to collect a judgment for default bonds, but the Government of Argentina requested that the claim be rejected and the nullity by fraud of the sentence because the creditors presented false documents to justify the possession of the titles. The case is in the hands of Judge Loretta Preska.

Michele Collea and Denise Dussault, two creditors who obtained a judgment in favor in 2006 to collect unpaid bonds for almost US$ 7 million, requested in a New York Court a Temporary Restraining Order against Argentine Airlines to prohibit transferring any assets and prevent the planes leave New York Airport/John F. Kennedy. «Additionally, the creditors with judgment seek an enforcement order against those assets to satisfy their judgment», the letter said.

The request was filed at the end of September 2019 in the Eastern District Court of New York, and then it was transferred to the Preska court at the request of Argentina. The defendant put the focus on the request for invalidity for fraud filed by the country’s lawyers.

In 2016, the bondholders had reached an agreement to close the dispute by joining the rest of the holdouts that accepted the offer of the Mauricio Macri government to close the lawsuits for debt in New York and remove Argentina from default. But then that agreement fell because the plaintiffs did not present the corresponding certificates to collect, according to official sources. That turn was reflected in a brief presented by Argentina, five days after the presentation of Collea and Dussault, which is signed by Carmine Bocuzzi Jr., one of the lawyers of the firm Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, the study who defended the country in the court of the late judge Griesa.

Bocuzzi mentions in that letter that Argentina asked to annul the sentence in favor of the bondholders. «The motion of the Republic is supported by the sworn statement of a bank official that the plaintiffs submitted a falsified account statement to Judge Preska a few months ago, in order to prove the alleged possession of the bonds. When confronted, the plaintiffs redoubled their fraud, sending a false bank account certificate, refusing to admit any misconduct, and threatening police actions against the bank’s declarant».

The Banca di Credito Cooperativa Terra Di Lavoro, where they claimed to have the bonds deposited, reported that they had no credit in the name of the bondholders. Now, to try to collect their sentence, even with an accusation of fraud against them, the plaintiffs asked Justice to apply the criteria of Alter Ego, and stipulate that Aerolíneas Argentinas was the same as the national State, and therefore so much so that their claim enables them to request the seizure of assets from Aerolíneas. There were other similar attempts before, and they failed. «Twice before, other plaintiffs have tried unsuccessfully to do the same, even in a case where the plaintiffs were represented by the same lawyer now», says the letter from Bocuzzi, referring to Saul Roffe, representative of the Italian bondholders.

In Aerolíneas Argentinas reinforced the same argument: «Aerolíneas Argentinas is not the same as the national State and that has already been ratified by justice on more than one occasion», they said.

Preska must now make a decision regarding the fraud annulment request filed by Argentina, and also, one of the embargoes on Aerolíneas requested by the plaintiffs.

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SOURCE: Airgways.com
DBk: Lanacion.com.ar / Arolineas.com / Airgways.com
AW-POST: 201910291458AR

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AW | 2019 10 24 11:37 | GOVERNMENT / AIRLINES

Caso Latam Papers escándalo por pagos de adicionales a La Cámpora

La denuncia elevada ante el Juez de instrucción Claudio Bonadio en Agentina contra Latam Airlines Group por el presunto pago de «adicionales» a La Cámpora, agrupación política, sigue ganando velocidad en la Justicia y se encamina a una definición en el mediano plazo. La AFIP, organismo tributario, entregó declaraciones de impuestos de la firma y se generaron pedidos de datos a la Unidad de Investigación Financiera y la Oficina Anticorrupción.

El recurso en cuestión, presentado por Jorge Said Yarur, reconocido empresario chileno y accionista de trayectoria en LANChile y Latam Airlines, involucra directamente a Ignacio Cueto, CEO de la aerolínea, quien en Mayo 2013 reconoció ante medios trasandinos el pago de US$ 18 millones a dirigentes de la organización con el fin de destrabar las operaciones de la compañía en el mercado argentino. «Fuimos, nos sentamos a la mesa y pagamos lo que nos pidieron. No pudimos negociar lo que queríamos. Nos obligaron y lo hicimos solamente por el respeto a los pasajeros. Nos obligaron a aceptar un contrato que no teníamos por qué aceptarlo. Y estuvimos obligados a hacerlo», declaró Cueto hace algo más de seis años. Semejante comentario no pasó desapercibido para accionistas como el mismo Said Yarur, quien en Diciembre 2018 acercó al Juez local Claudio Bonadío una denuncia para que investigue la naturaleza y el destino del monto desembolsado por Latam Airlines Group.

Los hechos ocurridos en 2013, en momentos en que el kirchnerismo activó un programa de maniobras comerciales y de logística en búsqueda de blindar el negocio de la estatizada Aerolíneas Argentinas, pone de manifiesto las acciones delictivas en Argentina. Con el fin de ahondar en la situación en que se encuentra la causa, Said Yarur visitó Buenos Aires recientemente y mantuvo reuniones con los equipos de Bonadio, quienes lo notificaron de avances concretos en la denuncia contra Cueto por lo dispuesto para la aerolínea. «Acudimos a la oficina del Juez Claudio Bonadío para conocer detalles sobre las diligencias encargadas por la denuncia. Estamos confiados en la labor del magistrado. Bonadío ya solicitó y recibió, tanto por parte de Latam [Airlines Group] como de Intercargo, los contratos vigentes y correspondientes a los años que involucra la denuncia. Además, hace muy pocos días llegó el expediente del Juzgado Civil y Comercial Federal 4 que intervino cuando se iniciaron los procesos judiciales e Intercargo dejó de dar servicio a la aerolínea», expuso Said Yarur.

Said Yarur expuso que la intervención del Juez Bonadio ya llegó incluso a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), como así también se generaron pedidos de información a la Unidad de Investigación Financiera y la Oficina Anticorrupción. «La AFIP entregó, tras ser requeridas por el propio juez Bonadío, las declaraciones de impuestos de ambas compañías. Con esos datos esperamos se pueda esclarecer de qué cuentas y hacia qué cuentas fueron a parar los 18 millones de dólares que la aerolínea reconoció se vio forzada a pagar», comentó el empresario.

El magistrado requirió antecedentes y se activó una intervención incluso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. «Bonadío solicitó información a la Oficina Anticorrupción y en la Unidad de Investigación Financiera. En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió su propia investigación. La intervención de la Procuraduría se da a partir de los hechos denunciados. Y su investigación tiene el propósito de aclarar las responsabilidades administrativas de las personas involucradas», dijo Said Yarur.

Jorge Said Yarur es titular del Grupo Said, un conglomerado con inversiones en compañías que van desde la aerolínea Latam Airlines Group, Parque Arauco un controlante de centros comerciales en Chile, Perú y Colombia, la minera SQM, extractora de litio en la Cordillera de los Andes en Chile.

La denuncia del accionista aportada a Bonadío se expone, textual y más allá de lo referido a La Cámpora, que entre 2006 y 2007, LAN «autorizó pagos indebidos por US$ 1,15 millones a un consultor como funcionario público argentino y extranjero, de manera de poner fin a disputas sindicales que afectaban el normal funcionamiento de la compañía en Argentina. Los pagos se hacían en base a un contrato de consultoría inexistente, ficticio, en conocimiento del CEO de LAN a esa época, Sr. Ignacio Cueto Plaza. Dichos pagos fueron incorrectamente contabilizados en los libros y registros contables e infringieron controles internos de la propia LAN», se señala por escrito.

En el detalle de la denuncia de Said Yarur, al que iProfesional accedió de forma exclusiva a mediados de año, también se revela: «Lamentablemente, Latam, antes LAN, no ha tenido un buen comportamiento en materias de cohecho en la Argentina. Con fecha 25 Julio 2016, el Departamento de Justicia Norteamericano, DJO, como la US Securities and Exchange Commission, o SEC, anunciaron multas por más de US$ 22 millones en contra de Latam Airlines Group por infringir normas y haberse beneficiado en más de US$ 6,7 millones por el cohecho pagado a los sindicatos en Argentina».

En paralelo a la denuncia presentada ante Bonadío por los movimientos de Latam en Argentina bajo la gestión de Ignacio Cueto, lo cierto es que los cuestionamientos respecto de los procesos dentro de la aerolínea parecen no interrumpirse y alcanzan, incluso, a la figura del mismísimo Sebastián Piñera, Presidente de Chile.

En Junio 2019, el Senador chileno Alejandro Navarro, titular de la Comisión de Derechos Humanos en ese país, señaló que hace poco más de dos años una denuncia presentada en Estados Unidos expuso que en el 2006 Sebastián Piñera hizo uso de información privilegiada para engrosar su participación en el capital de Latam Airlines. «Por esta acción, Piñera fue multado con Ch$ 363 millones de pesos por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile», dijo Navarro. El senador fue más allá. Afirmó que, tras una investigación motorizada por reguladores estadounidenses, «Latam reconoció el pago de coimas al Ministerio de Transporte argentino en el año 2006, por lo que la Justicia inició una indagatoria imputando a Piñera e Ignacio Cueto por estar posiblemente involucrados en el pago de un soborno de US$ 1,15 millones de dólares para que la aerolínea funcione en aires argentinos».

Controversia en el aire

Las irregularidades de la aerolínea no se acotan a la Argentina. Muy por el contrario, fuentes vinculadas a la compañía aportaron precisiones de sendas sanciones que Latam y su grupo de controladas han acumulado en los últimos años y que apenas si tomaron estado público. En Enero 2009, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos notificó que LAN Cargo y ABSA, en ese momento propiedad sólo de TAM Linhas Aéreas, acordaron declararse culpables de colusión (cartelización) y debieron desembolsar US$ 109 millones como pena por ese ilícito.

En Noviembre 2010, la aerolínea aceptó pagar US$ 66 millones de dólares como compensación ante demandas elevadas por particulares. También en noviembre de 2010, la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea le aplicó una sanción del orden de los US$ 11,4 millones de dólares por actos colusorios.

En Septiembre 2013, una corte de Canadá multó a la aerolínea con US$ 975.000 dólares luego de que la empresa reconociera haber participado en un esquema de manipulación de precios en su servicio de carga. En Agosto 2013, el Tribunal del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE) sancionó a ABSA Aerolíneas Brasileiras, controlada por LATAM, en más de US$ 51 millones de dólares por cartelización.

En 2016, la SEC estadounidense dictaminó que Ignacio Cueto, CEO de LATAM, violó entre 2006 y 2007 la ley americana llamada Foreign Corrupt Practices Act (una ley contra prácticas corruptas en países extranjeros). El ejecutivo fue multado con US$ 75.000 dólares. «Teniendo en consideración la suma por concepto de multas sólo en los períodos en que Ranco Tres SA fue accionista de LAN, hoy LATAM, la empresa fue multada por un total de US$ 239 millones», indicaron fuentes cercanas al accionista Said Yarur. Ranco Tres SA es, precisamente, la unidad de inversiones mediante la cual el empresario participa en la aerolínea.

Latam Papers, complaint for corruption

Latam Papers case scandal over additional payments to La Cámpora

The complaint filed before the investigating judge Claudio Bonadio in Argentina against Latam Airlines Group for the alleged payment of «additional» to La Cámpora, a political group, continues to gain speed in Justice and is moving towards a definition in the medium term. The tax agency, AFIP, delivered tax returns from the firm and requests for data were generated to the Financial Investigation Unit and the Anti-Corruption Office.

The resource in question, presented by Jorge Said Yarur, a recognized Chilean businessman and shareholder in LANChile and Latam Airlines, directly involves Ignacio Cueto, CEO of the airline, who in May 2013 recognized the payment of US$ 18 million before trans-Andean media to leaders of the organization in order to unlock the company’s operations in the Argentine market. «We went, we sat at the table and paid what they asked for. We could not negotiate what we wanted. They forced us and we did it only for the respect of the passengers. They forced us to accept a contract that we did not have to accept it. And we were forced to do it», said Cueto just over six years ago. Such a comment did not go unnoticed by shareholders such as Said Yarur himself, who in December 2018 brought a complaint to local Judge Claudio Bonadío to investigate the nature and destination of the amount disbursed by Latam Airlines Group.

The events that took place in 2013, at a time when Kirchnerism activated a program of commercial and logistics maneuvers in search of shielding the business of the nationalized Aerolíneas Argentinas, highlights criminal actions in Argentina. In order to delve into the situation in which the cause is found, Said Yarur visited Buenos Aires recently and held meetings with the Bonadio teams, who notified him of concrete progress in the complaint against Cueto for the provisions of the airline. «We went to the office of Judge Claudio Bonadío to know details about the proceedings commissioned by the complaint. We are confident in the work of the magistrate. Bonadío has already requested and received, both from Latam [Airlines Group] and Intercargo, the current contracts and corresponding to the years involved in the complaint. In addition, a few days ago the file of the Federal Civil and Commercial Court 4 arrived, which intervened when the legal proceedings began and Intercargo stopped serving the airline», said Said Yarur.

Said Yarur explained that the intervention of Judge Bonadio has already reached the Federal Public Revenue Administration (AFIP), as well as requests for information from the Financial Investigation Unit and the Anti-Corruption Office. «The AFIP delivered, after being required by Judge Bonadío, the tax returns of both companies. With these data, we hope to be able to clarify from which accounts and to which accounts for the 18 million dollars that the airline recognized was seen. forced to pay», said the businessman.

The magistrate required background information and intervention was even activated by the Office of Administrative Investigations. «Bonadío requested information from the Anti-Corruption Office and the Financial Investigation Unit. In parallel, the Office of Administrative Investigations opened its own investigation. The intervention of the Attorney General’s Office is based on the facts reported. And its investigation is intended to clarify the administrative responsibilities of the people involved», said Said Yarur.

Jorge Said Yarur is the owner of the Said Group, a conglomerate with investments in companies ranging from the airline Latam Airlines Group, Parque Arauco, a controlling center for shopping centers in Chile, Peru and Colombia, the mining company SQM, a lithium extractor in the Cordillera de los Andes in Chile.

The complaint of the shareholder contributed to Bonadío is exposed, textual and beyond that referred to La Cámpora, that between 2006 and 2007, LAN «authorized undue payments for US$ 1.15 million to a consultant as an Argentine and foreign public official, of way to end trade union disputes that affected the normal operation of the company in Argentina Payments were made based on a non-existent, fictitious consulting contract, known to the CEO of LAN at that time, Mr. Ignacio Cueto Plaza. payments were incorrectly accounted for in the books and accounting records and violated internal controls of the LAN itself», said in writing.

In the detail of the complaint of Said Yarur, which iProfesional granted exclusive access in the middle of the year, it is also revealed: «Unfortunately, Latam, before LAN, has not had good behavior in matters of bribery in Argentina. July 25, 2016, the North American Department of Justice, DJO, such as the US Securities and Exchange Commission, or SEC, announced fines of more than US$ 22 million against Latam Airlines Group for violating regulations and benefiting from more than US$ 6 , 7 million for the bribe paid to the unions in Argentina».

In parallel to the complaint filed before Bonadío by the movements of Latam in Argentina under the management of Ignacio Cueto, the truth is that the questions regarding the processes within the airline seem not to be interrupted and even reach the figure of Sebastian himself Piñera, President of Chile.

In June 2019, Chilean Senator Alejandro Navarro, head of the Human Rights Commission in that country, said that just over two years ago a complaint filed in the United States stated that in 2006 Sebastián Piñera made use of privileged information to swell his participation in the capital of Latam Airlines. «For this action, Piñera has fined Ch $ 363 million pesos by the Superintendence of Securities and Insurance of Chile», said Navarro. The senator went further. He affirmed that, after a motorized investigation by US regulators, «Latam recognized the payment of bribes to the Argentine Ministry of Transportation in 2006, so the Justice initiated an investigation imputing Piñera and Ignacio Cueto for being possibly involved in the payment of a bribe of US $ 1.15 million for the airline to operate in Argentine airs».

Controversy in the air

The irregularities of the airline are not limited to Argentina. Quite the contrary, sources linked to the company provided details of the sanctions that Latam and its group of controlled companies have accumulated in recent years and that hardly took public status. In January 2009, the United States Department of Justice notified that LAN Cargo and ABSA, at that time owned only by TAM Linhas Aéreas, agreed to plead guilty to collusion (cartelization) and had to disburse US$ 109 million as a penalty for that wrongful act.

In November 2010, the airline agreed to pay US  66 million as compensation for high demands by individuals. Also in November 2010, the General Directorate of Competition of the European Commission applied a sanction of the order of US$ 11.4 million for collusive acts.

In September 2013, a Canadian court fined the airline with US$ 975,000 after the company acknowledged having participated in a price manipulation scheme in its cargo service. In August 2013, the Court of the Administrative Council of Economic Defense of Brazil (CADE) sanctioned ABSA Aerolineas Brasileiras, controlled by LATAM, in more than US$ 51 million for cartelization.

In 2016, the US SEC ruled that Ignacio Cueto, CEO of LATAM, violated between 2006 and 2007 the American law called Foreign Corrupt Practices Act (a law against corrupt practices in foreign countries). The executive was fined US$ 75,000. «Taking into account the sum for fines only in the periods in which Ranco Tres SA was a shareholder of LAN, today LATAM, the company was fined for a total of US$ 2339 million», said sources close to the shareholder Said Yarur. Ranco Tres SA is precisely the investment unit through which the entrepreneur participates in the airline.

Ξ A I R G W A Y S Ξ
SOURCE: Airgways.com
DBk: Iprofesional.com / Airgways.com
AW-POST: 201910241137AR

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AW | 2019 10 18 16:46 | AIRLINES / GOVERNMENT

Air Madagascar ordenó pagar US$ 46 millones a Air France en concepto de alquiler de aeronaves

El Tribunal de Comercio de París acaba ordenar a la aerolínea Air Madagascar el pago en los atrasos en el alquiler de los Airbus A340. El conflicto entre las dos aerolíneas Air France y Air Madagascar se originó en 2011 cuando la Unión Europea colocó a los dos Boeing 767-300 de la aerolínea malgache en la lista negra, lo que prohíbe, entre otras cosas, servir a París y Marsella. Inicialmente, se alquiló un Boeing 777, reemplazado luego por dos A340 de Air France adquiridos en virtud de la compra con arrendamiento. De esta manra Air Madagascar podría continuar sirviendo a Europa y salir de la lista negra en 2016.

Ventaja de Air France

El Tribunal de Comercio de París dictaminó ayer 17 Octubre 2019 sobre el monto de la factura del alquiler y las rentas aún por pagar. Air France exige la aplicación del contrato, mientras que Air Madagascar defiende el bajo valor del A340, una aeronave de cuatro motores de bajo consumo y mantenimiento en comparación con la última generación de aviones como el Boeing 787, Airbus A350 o A330NEO. Para el tribunal, la deuda a pagar por Air Madagascar es de US$ 46 millones, un monto en moneda estadounidense que es la referencia utilizada en los arrendamientos de aeronaves. «Air Madagascar cree que está en su derecho y ejercerá todos los recursos legales disponibles contra esta decisión», dice en un comunicado de la compañía, que sugiere que se recurrirá colocar antes del Tribunal de Apelación de París. En varias ocasiones, la Gerencia de Air Madagascar también informó que sus finanzas no le permiten pagar su deuda de US$ 46 millones de dólares.

Air Austral involucrado

Este caso debe ser reubicado en el contexto de la situación económica de Air Madagascar. Perpetuamente al borde de la bancarrota, socavada por la corrupción, la compañía sin embargo vio en 2017 que el transportista de Reunion Air Austral ingresara con un capital accionario de hasta un 49%. De hecho, es el contribuyente de Reunion quien fue solicitado a través de Sematra, la compañía de economía mixta de la región. Este último ha inyectado 48 millones de euros este año.

Air Austral estaba a cargo de la gestión operativa, pero debido a la falta de aprobación técnica de IOSA (Auditoría de Seguridad Operacional de IATA), no se pudieron establecer vuelos compartidos entre las dos compañías. El desarrollo nacido de la unión se ha mantenido modesto, limitado a los derechos de tráfico entre los dos países y la creación de una subsidiaria. En ocasiones, el competidor Corsair fue expulsado del servicio entre islas. Pero también hay golpes en el contrato de matrimonio. Si no aumenta su participación, Air Austral corre el riesgo de ver sus activos diluidos porque el gobierno malgache está tratando de aumentar el capital de su compañía. Sin éxito, se solicitó a Qatar Airways y Turkish Airlines que sean nuevos partícipes de la compañía malgache.

Court orders Air Madagascar aircraft payment

Air Madagascar ordered to pay US$ 46 million to Air France for aircraft rental

The Paris Court of Commerce has just ordered the Air Madagascar airline to pay the arrears on the rental of the Airbus A340. The conflict between the two airlines Air France and Air Madagascar originated in 2011 when the European Union placed the two Boeing 767-300 of the Malagasy airline on the blacklist, which prohibits, among other things, serving Paris and Marseille. Initially, a Boeing 777 was rented, then replaced by two A340s from Air France acquired under the lease-purchase. This way Air Madagascar could continue to serve Europe and blacklist in 2016.

Air France advantage

The Commercial Court of Paris ruled yesterday October 17, 2019, on the amount of the rental invoice and the income still payable. Air France demands the application of the contract, while Air Madagascar defends the low value of the A340, a four-engine aircraft with low consumption and maintenance compared to the latest generation of aircraft such as the B787, A350 or A330NEO. For the court, the debt payable by Air Madagascar is US$ 46 million, an amount in US currency that is the reference used in aircraft leases. «Air Madagascar believes that it is in its right and will exercise all available legal remedies against this decision», he says in a statement from the company, which suggests that it will be appealed before the Paris Court of Appeal. On several occasions, the Management of Air Madagascar also reported that its finances do not allow it to pay its debt of US $ 46 million.

Air Austral involved

This case must be relocated in the context of the economic situation of Air Madagascar. Perpetually on the verge of bankruptcy, undermined by corruption, the company, however, saw in 2017 that the carrier of Reunion Air Austral entered with a share capital of up to 49%. In fact, it is the Reunion taxpayer who was requested through Sematra, the region’s mixed economy company. The latter has injected 48 million euros this year.

Air Austral was in charge of operational management, but due to the lack of technical approval from IOSA (IATA Safety Audit), it was not possible to establish shared flights between the two companies. The development born of the union has remained modest, limited to the traffic rights between the two countries and the creation of a subsidiary. Occasionally, competitor Corsair was expelled from service between islands. But there are also blows in the marriage contract. If your participation does not increase, Air Austral runs the risk of seeing its diluted assets because the Malagasy government is trying to increase the capital of its company. Without success, Qatar Airways and Turkish Airlines were requested to be new participants in the Malagasy company. 

La Cour ordonne le paiement d’un avion Air Madagascar

Air Madagascar condamnée à payer 46 millions USD à Air France pour la location d’avions

La Cour de commerce de Paris vient de condamner la compagnie aérienne Air Madagascar au paiement des arriérés de location de l’Airbus A340. Le conflit entre les deux compagnies aériennes Air France et Air Madagascar a débuté en 2011 lorsque l’Union européenne a placé les deux Boeing 767-300 de la compagnie aérienne malgache sur la liste noire, qui interdit notamment de desservir Paris et Marseille. Initialement, un Boeing 777 était loué, puis remplacé par deux A340 d’Air France acquis dans le cadre de l’achat du contrat de location. Air Madagascar pourrait ainsi continuer à desservir l’Europe et figurer sur la liste noire en 2016.

Avantage Air France

Le tribunal de commerce de Paris a statué hier 17 octobre 2019 sur le montant de la facture de location et le revenu restant dû. Air France exige l’application du contrat, tandis qu’Air Madagascar défend la faible valeur de l’A340, un avion quadrimoteur à faible consommation et maintenance comparée à la dernière génération d’aéronefs tels que les B787, A350 ou A330NEO. Pour le tribunal, la dette à payer par Air Madagascar est de 46 millions USD, un montant en devise américaine qui est la référence utilisée dans les contrats de location d’avions. «Air Madagascar estime qu’elle a le droit et utilisera tous les recours juridiques disponibles contre cette décision», a-t-il déclaré dans un communiqué de la compagnie, laissant entendre qu’il serait fait appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris. À plusieurs reprises, la direction d’Air Madagascar a également indiqué que ses finances ne lui permettaient pas de payer sa dette de 46 millions de dollars américains.

Air Austral impliqué

Cette affaire doit être replacée dans le contexte de la situation économique d’Air Madagascar. Perpétuellement au bord de la faillite, minée par la corruption, la société a toutefois constaté en 2017 l’entrée du transporteur réunionnais Air Austral avec un capital-actions pouvant atteindre 49%. En fait, c’est le contribuable réunionnais qui a été sollicité par l’intermédiaire de Sematra, la société à économie mixte de la région. Ce dernier a injecté 48 millions d’euros cette année.

Air Austral était en charge de la gestion opérationnelle, mais faute d’approbation technique de la part de l’IOSA (Audit de la sécurité de l’IATA), il n’a pas été possible d’établir des vols partagés entre les deux compagnies. Le développement né de l’union est resté modeste, limité aux droits de trafic entre les deux pays et à la création d’une filiale. Le concurrent Corsair était parfois exclu du service entre îles. Mais il y a aussi des coups dans le contrat de mariage. Si vous n’augmentez pas votre participation, Air Austral court le risque de voir vos actifs dilués, car le gouvernement malgache tente d’augmenter le capital de votre entreprise. Sans succès, Qatar Airways et Turkish Airlines ont été invitées à devenir de nouveaux participants dans la société malgache.

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SOURCE: Airgways.com
DBk: Lepoint.fr / Greffe-paris.net / Therouteguide.com / Airgways.com
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AW | 2019 10 12 10:55 | AIRLINES / GOVERNMENT

El Reino Unido planea permitir que las aerolíneas fallidas sigan volando para repatriar a los pasajeros

Las aerolíneas que presentan quiebra ahora se verán obligadas a llevar a los pasajeros varados al retorno de sus hogares, ya que el gobierno dice que incautará aviones bajo nuevas leyes diseñadas para ahorrar millones de contribuyentes. Los cambios propuestos a las reglas de aviación siguen la puesta a tierra de las aeronaves y las tripulaciones de la última aerolinea fallida, Thomas Cook Airlines.

Nueva legislación por quiebra

La nueva legislación propuesta permitiría que los transportistas colapsados ​​se coloquen en una administración especial, lo que significa que sus aviones y su tripulación pueden continuar volando para traer clientes de regreso al Reino Unido. Los aviones propiedad de aerolíneas fallidas se utilizarían para repatriar pasajeros bajo los planes anunciados por el gobierno. Las aerolíneas que quiebren en el futuro tendrán sus aviones incautados por el Gobierno y transportar a los turistas a sus hogares bajo nuevas leyes diseñadas para ahorrar millones de contribuyentes.

Según el sistema existente, cuando una aerolínea se pliega, sus aviones quedan en tierra, dejando a los pasajeros en riesgo de quedarse varados y desprotegidos. Cuando la empresa de viajes Thomas Cook colapsó el mes pasado, dejando a más de 140.000 turistas varados, la Autoridad de Aviación Civil (CAA) del Reino Unido tuvo que asegurar el uso de 150 aviones de todo el mundo para operar cerca de 700 vuelos a un costo de £ 100 millones para el tesoro. El gobierno cree que permitir que la CAA use los aviones y la tripulación existentes de una aerolínea en casos futuros significaría que hay menos interrupciones y costos para los contribuyentes.

El Secretario de Transporte, Grant Shapps, dijo: “Recientemente hemos visto el gran impacto que el colapso de las aerolíneas puede tener sobre los pasajeros y el personal. Para llevar a casa a más de 140.000 pasajeros de Thomas Cook, el gobierno y CAA trabajaron juntos las 24 horas y, con el apoyo de personas de todo el mundo, llevaron a cabo el mayor ejercicio de repatriación en tiempos de paz en la historia del Reino Unido. Estoy decidido a traer un mejor sistema para enfrentar situaciones similares en el futuro, ayudando a asegurar que los pasajeros estén protegidos y traigan a casa de manera rápida y segura. He hablado con Peter Bucks, Presidente de la Revisión de la Insolvencia de la Aerolínea, y planeo aprovechar su experiencia e introducir reformas de insolvencia de la aerolínea lo más rápido posible».

Un portavoz del Departamento de Transporte agregó: «Usar los activos y el personal existentes para llevar a las personas a casa ayudará a reducir los costos de la repatriación».

Críticas a la arena política

Los ministros fueron acusados ​​de no aprender del colapso de Monarch Airlines en 2017. Una revisión había pedido una reforma para permitir que las aerolíneas insolventes continúen volando por un corto tiempo para llevar a los pasajeros a casa. Pero el Gobierno de Gran Gretaña afirmó que no había tenido tiempo de cambiar la ley cuando Thomas Cook se hundió.

El informe final de la revisión se publicó en Mayo 2019 y recomendó la introducción de un impuesto de 50 peniques por tarifa aérea para cubrir el costo de llevar a los pasajeros del Reino Unido a casa cuando una aerolínea se declara en quiebra. Un esquema de seguro obligatorio para que el gobierno no tenga que desembolsar gastos para la repatriación de los pasajeros.

Changes bankruptcy airlines rules in the United Kingdom

The United Kingdom plans to allow failed airlines to continue flying to repatriate passengers

Airlines that file bankruptcy will now be forced to take stranded passengers back home, as the government says it will seize planes under new laws designed to save millions of taxpayers. The proposed changes to the aviation rules follow the grounding of the aircraft and crews of the last failed airline, Thomas Cook Airlines.

New bankruptcy legislation

The proposed new legislation would allow collapsed carriers to be placed in a special administration, which means that their planes and their crew can continue flying to bring customers back to the UK. Airplanes owned by failed airlines would be used to repatriate passengers under the plans announced by the government. Airlines that fail in the future will have their planes seized by the Government and transport tourists to their homes under new laws designed to save millions of taxpayers.

Under the existing system, when an airline folds, its planes are grounded, leaving passengers at risk of being stranded and unprotected. When the Thomas Cook travel company collapsed last month, leaving more than 140,000 tourists stranded, the United Kingdom Civil Aviation Authority (CAA) had to ensure the use of 150 aircraft from around the world to operate about 700 flights to a cost of £ 100 million for the treasure. The government believes that allowing the CAA to use an airline’s existing aircraft and crew in future cases would mean that there are fewer interruptions and costs for taxpayers.

Transportation Secretary Grant Shapps said: “Recently we have seen the great impact that the collapse of airlines can have on passengers and staff. To take home more than 140,000 passengers from Thomas Cook, the government and CAA worked together 24 hours a day and, with the support of people from all over the world, carried out the largest repatriation exercise in peacetime in the history of the United Kingdom. I am determined to bring a better system to face similar situations in the future, helping to ensure that passengers are protected and bring home quickly and safely. I have spoken with Peter Bucks, President of the Airline Insolvency Review, and I plan to take advantage of his experience and introduce airline insolvency reforms as quickly as possible».

A spokesman for the Department of Transportation added: «Using existing assets and personnel to take people home will help reduce the costs of repatriation».

Criticisms of the political arena

The ministers were accused of not learning from the collapse of Monarch Airlines in 2017. A review had called for a reform to allow insolvent airlines to continue flying for a short time to take passengers home. But the Government of Great Grenada said it had not had time to change the law when Thomas Cook sank.

The final report of the review was published in May 2019 and recommended the introduction of a 50 pence tax per airfare to cover the cost of taking UK passengers home when airline files for bankruptcy. A mandatory insurance scheme so that the government does not have to disburse expenses for the repatriation of passengers.

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SOURCE: Airgways.com
DBk: Caa.co.uk / Gov.uk/government/organisations/department-for-transport / Theguardian.co.uk / Dailymail.co.uk / Sky.com / Washingtonguardian.co.uk / Airgways.com / Thetelegraph.co.uk
AW-POST: 201910121055AR

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