DOJ sin conducta criminal 737 MAX
AW | 2022 05 05 16:37 | GOVERNMENT / AVIATION
Justicia Estados Unidos dictamen no criminal 737 MAX
El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ha comunicado que no ha encontrado judicialmente una conducta criminal por parte de ejecutivos de The Boeing Company sobre las tragedias de los accidentes aéreos relacionados con el modelo Boeing 737 MAX. Los abogados del Gobierno admitieron que la investigación sobre los accidentes del Boeing 737 MAX no encontró evidencia de irregularidades criminales por parte de ejecutivos de alto nivel de la compañía aeroespacial americana, rechazando una petición de familiares de víctimas del accidente para una mayor rendición de cuentas.
Los abogados del Departamento de Justicia defendieron un controvertido acuerdo de culpabilidad diferida con Boeing el Martes 03/05 en el Tribunal Federal Distrito Reed O’Connor en Fort Worth, Texas (TX), que resultó en multas de valores por US$ 2.500 millones de Dólares, pero en el que el Gobierno también se negó a procesar a los ejecutivos de Boeing por su papel en los dos accidentes que involucraron dos aeronaves Boeing 737-8 MAX que mataron a 346 personas en Indonesia y Etiopía.
Los familiares de una docena de víctimas están pidiendo al Juez de Distrito Reed O’Connor que deseche el acuerdo con Boeing o al menos que deje de lado el acuerdo de no enjuiciamiento para los ejecutivos. Dicen que sus derechos fueron violados bajo una ley federal que requiere que las víctimas de delitos sean notificadas y conferidas antes de que el Gobierno llegue a un acuerdo, como un acuerdo de culpabilidad diferido. El Distrito Reed O’Connor no tomó una decisión inmediata sobre el tema.
Los abogados del Gobierno y Boeing defendieron el acuerdo mientras siete familiares de las víctimas del accidente del 737 MAX observaban desde la galería, con la esperanza de que alguien fuera responsabilizado por el encubrimiento en Boeing que defraudó a los reguladores de aviación de la Federal Aviation Administration (FAA) y a las aerolíneas por los sistemas de software defectuosos que llevaron a los accidentes aéreos.
El Fiscal adjunto Jerrob Duffy comenzó sus argumentos disculpándose con los familiares de las víctimas del accidente en nombre del Departamento de Justicia, pero dijo que respalda el acuerdo con Boeing. “No encontramos evidencia de delitos penales de alto nivel por parte de funcionarios de alto nivel. El gobierno no encontró hechos durante el curso de su investigación que se cree que son procesables”, expresó Jerrob Duffy. El Fiscal ha dicho que el Departamento de Justicia se equivocó al decirle a los familiares de las víctimas del accidente en 2019 que no había una investigación criminal sobre Boeing y que debería haberlos mantenido actualizados, a pesar de que no había obligación legal de hacerlo. El Fiscal General Merrick Garland se reunió con esos miembros de la familia en Enero 2022 para hablar sobre el acuerdo con Boeing.
El Gobierno no procesó a la única persona contra la que presentó cargos por el 737 MAX, un Piloto técnico Jefe llamado Mark Forkner que fue absuelto de cargos de fraude por un jurado en Marzo 2022 en el mismo tribunal. A pesar de que los abogados de Mark Forkner dicen que fue un chivo expiatorio para una conspiración corporativa más grande, ningún ejecutivo de Boeing ha sido responsabilizado penalmente por la crisis del 737 MAX.
Los dos accidentes del 737 MAX llevaron a una inmovilización de dos años de los aviones que costaron a aerolíneas como American Airlines, con sede en Fort Worth, y Southwest Airlines, con sede en Dallas, cientos de millones de Dólares. También causó un ajuste de cuentas en la Administración Federal de Aviación sobre cómo certifica los aviones. La crisis llevó a Boeing a separarse del CEO Dennis Muilenburg y del Jefe de la división de aviones comerciales Kevin McAllister.
Los abogados del Gobierno dicen que podrían presentar nuevos cargos contra los empleados y ejecutivos de Boeing si se descubren pruebas adicionales, pero no por las pruebas que el gobierno recopiló como parte de su investigación hasta el momento del acuerdo de enjuiciamiento diferido de Enero de 2021.
Los abogados de los familiares de las víctimas quieren reabrir el caso porque quieren ver todas las pruebas que el Gobierno recopiló y sopesar si el acuerdo entre Boeing y los fiscales fue justo o no. “Las víctimas están listas y dispuestas a probar en una audiencia probatoria que la conspiración de Boeing perjudicó a 345 víctimas en esos vuelos”, dijo Paul Cassell, Profesor de Derecho de la Universidad de Utah que representa a los familiares de doce de las víctimas del accidente.
Los abogados del Departamento de Justicia han argumentado que las personas que murieron en los dos accidentes no fueron víctimas de delitos a los efectos del caso debido a los cargos de fraude por defraudar a la FAA y las aerolíneas.
Los abogados de Boeing argumentaron que sería imposible deshacer el acuerdo porque Boeing ha distribuido dinero de un fondo de US$ 500 millones de Dólares para los familiares de las víctimas, así como US$ 1.770 millones de Dólares a las aerolíneas. “Boeing ha cumplido y satisfecho sus obligaciones durante un año y medio”, dijo Benjamin Hatch, Abogado de The Boeing Company.
Los familiares de las víctimas del 737 MAX vinieron de lugares tan lejanos como Francia para ver la audiencia judicial, parte de un esfuerzo de tres años para encontrar justicia por los accidentes del 737 MAX, dijo Nadia Milleron, cuya hija Samya Stumo murió a los 24 años en el accidente de Ethiopian Air en 2019. “Todavía hay evidencia por ahí que no hemos visto sobre la causa de los accidentes. Todavía hay un riesgo perpetuo para el público hoy en día”, expresó Nadia Milleron. 
US DOJ no criminal conduct 737 MAX
Justice United States non-criminal opinion 737 MAX
The Department of Justice (DOJ) of the United States has announced that it has not judicially found criminal conduct by executives of The Boeing Company regarding the tragedies of air accidents related to the Boeing 737 MAX model. Government lawyers admitted that the investigation into the crashes of the Boeing 737 MAX found no evidence of criminal wrongdoing by high-level executives of the American aerospace company, rejecting a request by relatives of victims of the accident for greater accountability.
Department of Justice attorneys defended a controversial deferred plea agreement with Boeing on Tuesday 05/03 in Reed O’Connor Federal District Court in Fort Worth, Texas (TX), which resulted in securities fines of US$ 2.5 billion. Dollars, but in which the government also refused to prosecute Boeing executives for their role in two crashes involving two Boeing 737-8 MAX aircraft that killed 346 people in Indonesia and Ethiopia.
Family members of a dozen victims are asking District Judge Reed O’Connor to throw out the Boeing settlement or at least drop the non-prosecution agreement for the executives. They say their rights were violated under a federal law that requires crime victims to be notified and conferred before the government reaches an agreement, such as a deferred plea agreement. The Reed O’Connor District did not make an immediate decision on the matter.
Lawyers for the government and Boeing defended the deal as seven family members of the 737 MAX crash victims watched from the gallery, hoping someone would be held accountable for the Boeing cover-up that defrauded aviation regulators at the Federal Aviation Administration. (FAA) and the airlines for faulty software systems that led to plane crashes.
Deputy Attorney General Jerrob Duffy began his arguments by apologizing to relatives of the crash victims on behalf of the Justice Department, but said he supports the settlement with Boeing. “We found no evidence of high-level criminal wrongdoing by high-level officials. The government found no facts during the course of its investigation that are believed to be actionable”, Jerrob Duffy said. The Prosecutor has said that the Justice Department was wrong to tell relatives of the victims of the 2019 crash that there was no criminal investigation into Boeing and that it should have kept them updated, even though there was no legal obligation to do so. Attorney General Merrick Garland met with those family members in January 2022 to discuss the settlement with Boeing.
The Government did not prosecute the only person it brought charges against for the 737 MAX, a Chief Technical Pilot named Mark Forkner who was acquitted of fraud charges by a jury in March 2022 in the same court. Despite Mark Forkner’s lawyers saying he was a scapegoat for a larger corporate conspiracy, no Boeing executives have been held criminally responsible for the 737 MAX crisis.
The two 737 MAX crashes led to a two-year grounding of the planes that cost airlines including Fort Worth-based American Airlines and Dallas-based Southwest Airlines hundreds of millions of dollars. It also caused a grudge match at the Federal Aviation Administration over how it certifies planes. The crisis prompted Boeing to part ways with CEO Dennis Muilenburg and Commercial Aircraft Division Chief Kevin McAllister.
Government attorneys say they could bring new charges against Boeing employees and executives if additional evidence is uncovered, but not because of the evidence the government collected as part of its investigation up to the time of the January 2021 deferred prosecution agreement.
The lawyers for the families of the victims want to reopen the case because they want to see all the evidence that the government collected and weigh whether the agreement between Boeing and the prosecutors was fair or not. “Victims are ready and willing to prove in an evidentiary hearing that the Boeing conspiracy harmed 345 victims on those flights”, said Paul Cassell, a University of Utah Law Professor who represents family members of 12 of the crash victims. accident.
Justice Department attorneys have argued that the people who died in the two crashes were not crime victims for the purposes of the case because of fraud charges for defrauding the FAA and airlines.
Boeing’s lawyers argued that it would be impossible to undo the deal because Boeing has distributed money from a US$ 500 million fund to relatives of the victims, as well as US$ 1.77 billion to airlines. “Boeing has met and satisfied its obligations for a year and a half”, said Benjamin Hatch, Counsel for The Boeing Company.
Relatives of the 737 MAX victims came from as far away as France to watch the court hearing, part of a three-year effort to find justice for the 737 MAX crashes, said Nadia Milleron, whose daughter Samya Stumo died at 24 years in the Ethiopian Air accident in 2019. “There is still evidence out there that we haven’t seen about the cause of the accidents. There is still a perpetual risk to the public today”, said Nadia Milleron. 
PUBLISHER: Airgways.com
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