AW | 2021 01 03 11:47 | AIRLINES / GOVERNMENT

Usuarios transporte aéreo demandan por “Falta de trato digno”

Aerolíneas Argentinas ha recibido una demanda de dos pasajeros oriundos de General Roca, Provincia de Río Negro, Argentina presentaron una demanda contra la aerolínea ante la Justicia de Río Negro, invocando el sistema de protección del consumidor y una presunta irregularidad en un viaje previsto. En Diciembre 2020, la Procuración General del Poder Judicial se ha expedido, a través del Dictamen 154/20, que el Superior Tribunal de Justicia deberá resolver el planteo de competencia en favor del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 3 de la Ciudad de General Roca para conocer y decidir respecto al reclamo formulado. Los clientes reclaman los daños y perjuicios derivados de “la falta de trato digno, debida información, incumplimiento contractual y su consecuente generación de perjuicios económicos y morales”, como así también responsabilizan a la demandada por “la negativa afectación a la salud de la actora” y solicitan por tal concepto la suma de AR$ 7.000.000,00 o su equivalente a 7.000 IUS, el que resulte mayor al momento de dictar sentencia, con más intereses y costas. En forma accesoria, piden que se ordene publicar la condena un día Domingo en el diario de mayor importancia y circulación en la región y en otro de iguales características del país, a exclusiva costa de la demandada, de conformidad con lo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor. Por otra parte, pretenden que se condene a la demandada Aerolíneas Argentinas a informar sobre el procedimiento del sistema MEDIF y las resoluciones de la Junta Médica para el caso de la actora y, en su caso, se ordene modificar dicho protocolo médico por no adaptarse a la normativa de orden público que tutela a consumidores y usuarios. Desarrollan los hechos que motivan su presentación y manifiestan que en ocasión de regresar a la Argentina de un viaje internacional, junto a su hija menor, requirieron a Aerolíneas Argentinas el cambio de pasajes en forma urgente para el día anterior al que tenían ya comprado para el regreso, toda vez que a pasajera (su identidad no figura en el expediente judicial) le había sido detectada una enfermedad que precisaba un tratamiento urgentísimo e impostergable. Esgrimen que “pese a la información y dictamen favorable de cinco médicos de la Ciudad de Nueva York (Estados Unidos), quienes indicaban que la pasajera se encontraba apta para viajar en avión comercial y normal de regreso a Argentina, la empresa demandada “en forma arbitraria, sin exponer fundamentos y sin brindar información adecuada, veraz y oportuna, les negó el retorno por considerar a la actora no apta para el viaje”. Entienden que “de esta manera, no sólo ha sido vulnerado el derecho fundamental de tratamiento a la salud en el lugar del domicilio, sino que la demora de varios días causada en forma injustificada por parte de la empresa ha ocasionado un cuadro de estrés con efecto negativo para el estado de salud de la pasajera ante la imposibilidad de atender en forma temprana su enfermedad, obligándola a incurrir en considerables gastos no previstos de hoteles, transportes, alimentos, a la espera de la autorización para regresar al país, produciendo un agotamiento de sus recursos económicos. La injustificable conducta de la demandada ha quedado evidenciada en tanto con la ayuda de la gestión y aporte económico de la hermana de la pasajera, el grupo familiar pudo regresar sin ningún problema al país por la línea comercial de American Airlines”.

Solicitan el reintegro de los gastos en los que han incurrido en forma injustificada: costos de los pasajes de Aerolíneas Argentinas que no fueron usados, pasajes adquiridos y usados en American Airlines, hoteles, transporte, alimentos, el acompañamiento del dictamen de la junta médica que ha motivado la negación del retorno, así como los daños y perjuicios por incumplimiento contractual, del deber de trato digno, del adecuado deber de información y los correspondientes a la afectación de la salud de la actora. Expresan que “resulta evidente que la demandada realiza estas prácticas ilegales en forma habitual, cercenando derechos de los consumidores sin discriminación alguna, violando gravemente el Art. 42 de la Constitución Nacional y Arts. 1, 2, 4, 8 Bis, 40, 40 Bis, y 52 Bis de la Ley 24.240”.

En cuanto a la demandada Aerolíneas Argentinas y la citada en garantía Nación Seguros SA, han dado su versión de los hechos negando la aplicación en el supuesto de las disposiciones de la Ley 24.240 como la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios. Han alegado que resulta de aplicación el Convenio de Varsovia (ratificado por Ley 14.111), Protocolo de La Haya (Ley 17.836), Protocolo de Montreal (Ley 26.451), Código Aeronáutico y la resolución 1532/98 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos que aprueba las condiciones generales del contrato de transporte aéreo. A su vez, han argumentado sobre su responsabilidad limitada conforme el Protocolo de Montreal.

Sentencia Primera Instancia

Sustanciado el proceso, traslado de demanda, contestación, citación de terceros, producción de prueba y alegatos, el 27 de Noviembre de 2019 la titular del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 3 de la ciudad de General Roca dicta sentencia. En su resolutorio, luego de reseñar brevemente las posiciones de las partes, la magistrada tuvo presente que tanto las disposiciones que hacen a la defensa de los usuarios y consumidores como las del régimen aeronáutico son normas de orden público. Seguidamente, consideró que tal como quedó trabada la disputa para la resolución del caso debía abordarse, interpretarse y armonizarse normas de derecho público y privado en materia de responsabilidad en el transporte aéreo internacional. En otras consideraciones, se declara entonces incompetente en razón de la materia, ordenando la remisión de las actuaciones al Juzgado Federal de General Roca para su conocimiento. Contra el resolutorio se alza la parte actora (reclamantes) interponiendo recurso de apelación.

Sentencia Cámara Apelaciones

En la sentencia del 27 de Octubre de 2020, el Tribunal de Justicia se expide por la pertinencia de la asignación de la competencia local, teniendo presente que el reclamo se encuentra regulado en el marco del régimen tuitivo de consumo. Señala en lo fundamental que no comparte el análisis realizado por la sentenciante de grado, remarcando que se trata de una demanda por daños y perjuicios direccionada contra una empresa aeronáutica, lo que no indica que deba ser aplicado automáticamente el Código Aeronáutico para la solución del caso. Realiza diversas consideraciones acerca de los fundamentos y caracteres de la competencia judicial y manifiesta que de la lectura de los hechos y pretensiones de los actores no surge prima facie que estemos en presencia de un reclamo que deba canalizarse ante el fuero federal de excepción. Afirma que las compañías aéreas encuadran perfectamente en el rol de proveedores de una relación de consumo y que los pasajeros que contratan los servicios de una aerolínea no son otra cosa que “consumidores” en dichos términos legales. Destaca el fallo que hay situaciones fácticas que exceden lo regulado por el Código Aeronáutico, por lo cual entran dentro de la órbita de la Ley de Defensa del Consumidor, ya sea de manera directa ante el vacío regulatorio o siendo su aplicación supletoria dependiendo del reclamo a resolver.

Entre extensas consideraciones, el Procurador General Jorge Crespo ha citado que procede determinar si corresponde entender a la Justicia local, específicamente al Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 3 de la Segunda Circunscripción Judicial como sostiene la actora y entendiera la Cámara de Apelaciones o, en su defecto, a la jurisdicción Federal como propone la demandada y resolviera la sentenciante de grado. “Atendiendo a estos parámetros, observo que en su escrito inicial la actora [demandantes] manifiesta como pretensión principal la reclamación de los daños y perjuicios derivados de la falta de trato digno, debida información, incumplimiento contractual y su consecuente generación de perjuicios económicos y morales por parte de la aerolínea demandada. Los actores alegan haber sufrido no solo incumplimiento contractual, al no permitirles adelantar el vuelo, ni ingresar al contratado, sino falta al deber de información y trato digno por parte de la accionada. En tal contexto, cabe señalar que la situación denunciada constituye una cuestión atinente a la defensa del consumidor, no reglada expresamente en el Código Aeronáutico ni en los Tratados Internacionales aplicables al transporte aéreo, resultando aplicables las normas de la Ley 24.240 relativas a la defensa del usuario. En consecuencia, a partir de las pautas de interpretación antes descriptas siguiendo los lineamientos de ese Tribunal, me inclino por considerar que es el Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 3 de la ciudad de General Roca quien debe intervenir en el análisis de las presentes actuaciones. Finalmente, habré de señalar que he reparado en que la demandada Aerolíneas Argentinas es una Sociedad Anónima con participación del Estado nacional, es decir una persona jurídica pública dependiente del Estado nacional, que es quien en definitiva provee los recursos para el sostenimiento de dicha sociedad anónima demandada. En cambio, la citada en garantía Nación Seguros S.A. constituye una sociedad comercial con personería jurídica propia, distinta al Banco de la Nación Argentina. En tal sentido, con relación a la accionada Aerolíneas Argentinas, tengo presente que la competencia Federal por razón de la persona se encuentra prevista en el artículo 116 de la Constitución Nacional, siendo privativa de los órganos judiciales federales y en principio improrrogable. La competencia federal se establece como un privilegio en favor del Estado (y sus entes y/o empresas) involucrado en el conflicto, por cuanto su objeto gira en torno de un aspecto de su responsabilidad, solo prorrogable con su conformidad (expresa o tácita). Bajo dicha tesitura, advierto que la demandada no interpuso en el momento oportuno excepción de incompetencia, consintiendo entonces la jurisdicción civil, prorrogando la competencia “ratione personae”. Cabe apuntar que la competencia Federal en razón de las personas es prorrogable hacia los tribunales locales por aquella parte del proceso a cuyo favor se ha establecido, siendo la improrrogabilidad la regla y la prórroga la excepción, lo que aquí habría acontecido ante el silencio de la accionada. Como corolario de lo antes desarrollado, opino que ese Cuerpo deberá resolver el planteo de competencia suscitado estableciendo la competencia en favor del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 3 de la ciudad de General Roca para conocer y decidir respecto al reclamo formulado en autos”.

Passengers demand Aerolíneas

Air transport users demand for “Lack of dignified treatment”

Aerolíneas Argentinas has received a lawsuit from two uriundos passengers from General Roca, Province of Río Negro, Argentina filed a lawsuit against the airline before the Rio Negro Justice, invoking the consumer protection system and an alleged irregularity in a planned trip. In December 2020, the General Prosecutor of the Judiciary has issued, through Opinion 154/20, that the Superior Court of Justice must resolve the claim of jurisdiction in favor of the Civil, Commercial, Mining and Probate Court No. 3 of the City General Roca to know and decide on the claim made. The clients claim the damages derived from “the lack of dignified treatment, due information, contractual breach and its consequent generation of economic and moral damages”, as well as holding the defendant responsible for “the negative impact on the plaintiff’s health” and request for this concept the sum of AR$ 7,000,000.00 or its equivalent to 7,000 IUS, whichever is greater at the time of sentencing, with more interest and costs. As an accessory, they request that the sentence be published on a Sunday in the newspaper of greatest importance and circulation in the region and in another of the same characteristics of the country, at the sole expense of the defendant, in accordance with the provisions of the Law of Consumer Defense. On the other hand, they intend that the defendant Aerolineas Argentinas be ordered to report on the procedure of the MEDIF system and the resolutions of the Medical Board in the case of the plaintiff and, where appropriate, order to modify said medical protocol for not adapting to the public order regulations that protect consumers and users. They develop the facts that motivate their presentation and state that on the occasion of returning to Argentina from an international trip, together with their youngest daughter, they urgently required Aerolíneas Argentinas to change tickets for the day before the one they had already purchased for the return, since a passenger (her identity does not appear in the judicial file) had been detected a disease that required urgent and urgent treatment. They argue that “despite the information and favorable opinion of five doctors from New York City (United States), who indicated that the passenger was able to travel by commercial and normal aircraft back to Argentina, the defendant company arbitrary, without stating grounds and without providing adequate, truthful and timely information, he denied them the return because he considered the plaintiff unfit for the trip”. They understand that “in this way, not only has the fundamental right to treatment to health in the place of residence been violated, but the delay of several days caused in an unjustified manner by the company has caused a stress situation with effect negative for the state of health of the passenger due to the impossibility of treating her illness early, forcing her to incur considerable unanticipated expenses for hotels, transport, food, pending authorization to return to the country, causing a depletion of your financial resources. The defendant’s unjustifiable conduct has been evidenced in that with the help of the management and financial contribution of the passenger’s sister, the family group was able to return to the country without any problem through the American Airlines commercial line .

They request the reimbursement of the expenses in which they have incurred unjustifiably: costs of the Aerolineas Argentinas tickets that were not used, tickets purchased and used in American Airlines, hotels, transportation, food, the accompaniment of the opinion of the medical board that It has motivated the denial of the return, as well as the damages for breach of contract, the duty of dignified treatment, the adequate duty of information and those corresponding to the damage to the plaintiff’s health. They state that “it is evident that the defendant carries out these illegal practices on a regular basis, curtailing consumer rights without any discrimination, seriously violating Art. 42 of the National Constitution and Arts. 1, 2, 4, 8 Bis, 40, 40 Bis, and 52 Bis of Law 24,240”.

As for the defendant Aerolíneas Argentinas and the aforementioned Nación Seguros SA guarantee, they have given their version of the facts denying the application in the assumption of the provisions of Law 24,240 such as the origin and amount of the compensation items. They have alleged that the Warsaw Convention (ratified by Law 14,111), The Hague Protocol (Law 17,836), the Montreal Protocol (Law 26,451), the Aeronautical Code and resolution 1532/98 of the Ministry of Economy and Works and Services are applicable. Public that approve the general conditions of the air transport contract. In turn, they have argued about their limited liability under the Montreal Protocol.

First Instance Judgment

After the process, transfer of claim, answer, summons of third parties, production of evidence and arguments, on November 27, 2019 the head of the Civil, Commercial, Mining and Probate Court No. 3 of the city of General Roca issues a sentence. In her decision, after briefly reviewing the positions of the parties, the magistrate took into account that both the provisions for the defense of users and consumers and those of the aeronautical regime are rules of public order. Subsequently, she considered that, as the dispute was blocked, for the resolution of the case, rules of public and private law on liability in international air transport should be addressed, interpreted and harmonized. In other considerations, she then declares herself incompetent by reason of the matter, ordering the referral of the proceedings to the Federal Court of General Roca for her to be heard. The plaintiff (claimants) is raised against the resolution, filing an appeal.

Appeals Chamber Sentence

In the judgment of October 27, 2020, the Court of Justice is issued by the relevance of the assignment of local jurisdiction, bearing in mind that the claim is regulated within the framework of the consumer protection regime. It basically indicates that it does not share the analysis carried out by the sentencing judge, noting that it is a claim for damages and losses directed against an aeronautical company, which does not indicate that the Aeronautical Code should be applied automatically for the solution of the case. It makes various considerations about the foundations and characteristics of judicial jurisdiction and states that from the reading of the facts and claims of the actors it does not appear prima facie that we are in the presence of a claim that must be channeled before the federal jurisdiction of exception. She affirms that airlines perfectly fit into the role of providers of a consumer relationship and that passengers who contract the services of an airline are nothing other than “consumers” in these legal terms. The ruling stands out that there are factual situations that exceed what is regulated by the Aeronautical Code, for which they fall within the orbit of the Consumer Defense Law, either directly in the face of the regulatory vacuum or being its supplementary application depending on the claim to solve.

Among extensive considerations, the Attorney General Jorge Crespo has cited that it is appropriate to determine whether it corresponds to understand the local Justice, specifically the Civil, Commercial and Mining Court No. 3 of the Second Judicial District as the plaintiff maintains and understood by the Appeals Chamber or, failing that, to the Federal jurisdiction as proposed by the defendant and resolved by the decree of degree. “Taking into account these parameters, I observe that in her initial brief the plaintiff [plaintiffs] states as the main claim the claim for damages and losses derived from the lack of dignified treatment, due information, breach of contract and its consequent generation of economic and moral damages by the defendant airline. The actors claim to have suffered not only contractual breach, by not allowing them to advance the flight, or enter the contracted one, but also a lack of the duty of information and dignified treatment by the party. In this context, it should be noted that the denounced situation constitutes a matter related to consumer defense, not expressly regulated in the Aeronautical Code or in the International Treaties applicable to air transport, being applicable the rules of Law 24.240 relating to the defense of the user. Consequently, based on the interpretation guidelines described above, following the guidelines of that Court, I am inclined to consider that it is the Civil, Commercial, Mining and Succession Court No. 3 of the city of General Roca that must intervene in the analysis of the present proceedings. Finally, I must point out that I have noticed that the defendant Aerolíneas Argentinas is a Public Limited Company with the participation of the national State, that is, a public legal person dependent on the National State, which is the one who ultimately provides the resources for the maintenance of said public limited company defendant. On the other hand, the aforementioned Nación Seguros S.A. constitutes a commercial company with its own legal status, different from the Banco de la Nación Argentina. In this sense, in relation to the acted on Aerolíneas Argentinas, I am aware that federal jurisdiction by reason of the person is provided for in article 116 of the National Constitution, being exclusive to federal judicial bodies and in principle non-extendable. Federal jurisdiction is established as a privilege in favor of the State (and its entities and / or companies) involved in the conflict, since its object revolves around an aspect of its responsibility, only extendable with its agreement (express or tacit). Under this situation, I note that the defendant did not file an objection of incompetence at the appropriate time, thus consenting to civil jurisdiction, extending the jurisdiction “ratione personae.” It should be noted that Federal jurisdiction based on persons is extendable to the local courts for that part of the process in whose favor it has been established, being the non-extendable rule and the extension the exception, which would have happened here in the face of the silence of the action. As a corollary of what was previously developed, I believe that this Body should resolve the proposal of competition raised by establishing the jurisdiction in favor of the Civil, Commercial, Mining and Succession Court No. 3 of the city of General Roca to hear and decide on the claim made in the proceedings”.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Servicios.jusrionegro.gov.ar / Mpf.gob.ar/procuracion-general / Airgways.com
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